En Hidalgo, donde la libertad de prensa ha sido un valor institucional histórico, una garantía de libre acceso a la información y de ejercicio de la opinión pública para la sociedad, así como un refugio seguro para el gremio periodístico, ha surgido desde Tula de Allende una grave amenaza.
En un hecho sin precedentes, que obedece a la actual tendencia pública de exigir a los gobiernos procesos transparentes y clara rendición de cuentas, este 27 de enero se realizó en modalidad virtual la segunda sesión extraordinaria del cabildo tolteca para analizar diversos temas.
Entre los asuntos públicos sometidos al pleno se consideró la aprobación para que el alcalde pueda suscribir contratos con medios de comunicación, con el objetivo de difundir a través de ellos las actividades institucionales.
Específicamente, se puso a consideración la consulta para poder hacerlo con dos medios locales: la estación radiofónica comercial y una revista.
Basta con repasar el desarrollo de la sesión para sorprendernos con el desierto de fondo en que se vertieron algunas opiniones de los representantes populares municipales. Grave y preocupante.
En forma unánime los ediles votaron a favor de autorizar al presidente para la celebración de contrato con la radiodifusora 100.5 de NRM Comunicaciones que opera en la ciudad cabecera, no así con el otro medio, respecto del cual guardaron algunas manifiestas reservas.
Sorprende que un grupo de asambleístas de Morena, PVEM y PRI, entre los cuales están dos de los tres hoy regidores que contendieron como candidatos a la presidencia municipal el pasado octubre, hayan manifestado abstención, sin justificarla, sin argumentarla. Qué cómodos.
Habría sido bueno que lo explicaran.
Ante ese vacío, cabe razonar que implícitamente no coinciden con el medio en cuestión, con su línea editorial o con alguno de sus trabajadores, lo que en sí mismo representa un agravio al usar el poder de la decisión política sobre los recursos públicos respecto de un particular.
El abogado Octavio Magaña Soto, regidor por el PVEM y presidente estatal en funciones de ese partido político, promovió y ganó ante el Tribunal Electoral que se anulara la autorización automática al presidente municipal para celebrar convenios y contratos, así que ahora debe poner todos y cada uno de esos actos a aprobación colegiada del cabildo.
Y precisamente ahora que puede votar sobre un asunto libre y abierto, en dos casos similares vota de manera distinta. Es evidente que hay un interés personal, político, y no público en ese acto bivalente.
Suena bizarro, absurdo. Lo es.
Algunos integrantes de la asamblea se erigieron durante la sesión arbitrariamente en censores de los medios y “estudiosos”, “analistas” de los impactos de cada uno de ellos en la sociedad; ¿desde cuándo esas figuras cuyas cuentas sobre su actuación están por verse tienen la atribución de calificar y sancionar a los medios?
El precedente de transparencia que sienta el gobierno de Manuel Hernández Badillo se empaña con la reacción parcial de este grupo de regidores, pues todavía están por analizarse muchos otros contratos con otros tantos medios.
Lo que significa que con unos se sumarán a la unanimidad y con otros se abstendrán sin argumentar el sentido de la abstención y, lo que es peor, está abierta la posibilidad de que el colegiado niegue al alcalde la autorización para celebrar contrato con alguno de los medios de comunicación.
Este supuesto, el dirigente estatal del verde debería saberlo, les pone a él y a quienes cómodamente se abstienen si explicación razonada y coherente en el carril de los enemigos de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de trabajo, de la libertad de asociación, de la libertad de tránsito.
Piénsenle y verán.
