La madrugada del 12 de febrero de 2026, autoridades ministeriales ejecutaron una orden judicial para restituir el control de la planta cementera Cruz Azul en favor del grupo encabezado por Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa. El operativo, realizado con apoyo de fuerzas estatales y de la Fiscalía del Estado de México, dejó al menos 33 detenidos y varios heridos.
Grupo Velázquez: legalidad y reconstrucción
El grupo mayoritario de la cooperativa sostiene que la planta estuvo “secuestrada” por más de cinco años, operando con empresas fachada y vendiendo cemento falso. Aseguran que el operativo fue el cumplimiento de un mandato judicial largamente postergado, y que ahora inicia una etapa de reconciliación, reactivación económica y recuperación de empleos.
Han anunciado mesas de diálogo con extrabajadores y la reconstrucción de Ciudad Cooperativa, con actividades comerciales, deportivas y culturales.
Grupo Sarabia: denuncia de despojo y amparo
Por su parte, el grupo disidente encabezado por Federico Sarabia afirma que contaban con posesión formal y una suspensión de amparo vigente, por lo que consideran el operativo como un despojo ilegal. Denuncian que no se exhibió mandamiento judicial y que se vulneraron derechos constitucionales.
Han anunciado que interpondrán nuevos juicios de amparo y acudirán a instancias nacionales e internacionales para defender su representación y la propiedad de la planta.
Escenarios inmediatos
| Escenario | Implicaciones |
|---|---|
| Estabilización operativa | Si el grupo Velázquez consolida el control, podrían reactivarse empleos y producción. |
| Judicialización prolongada | Nuevos amparos y denuncias podrían frenar la reactivación y mantener la tensión. |
| Intervención institucional | El gobierno federal podría mediar para evitar más confrontaciones. |
| División social persistente | La polarización entre cooperativistas podría afectar la vida comunitaria en Tula. |
Todos en la región y en el país, deseamos a la comunidad cooperativista la pronta solución de sus conflictos internos y lareactivación de la planta. Si el grupo Velázquez consolida el control, podrían reactivarse empleos y producción. En cambio, una judicialización prolongada que incluyera la presentación de nuevos amparos y denuncias podrían frenar la reactivación y mantener las tensiones; aquí, el gobierno federal podría jugar el papel de mediador para evitar más confrontaciones. Esta división está hoy frente a la disyuntativa de sentar las bases para la reconciliación o mantener polarizado el conflicto.
