La Contraloría de Hidalgo, encabezada por Álvaro Bardales, informó que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024 son de carácter administrativo y no implican, hasta el momento, un daño al erario.
El Gobierno del Estado dispone de un plazo legal de 90 días para presentar la documentación técnica que aclare cada requerimiento.
Entre los puntos a solventar destaca una adjudicación de obra pública bajo sospecha de parentesco con un legislador; al respecto, la Contraloría precisó que dicha relación no constituye por sí misma un conflicto de interés, pero se revisará el proceso para garantizar total transparencia.
Otros temas incluyen seguros catastróficos para el campo, esquemas de nómina y pagos por jubilaciones universitarias, todos ellos respaldados por mecanismos legales y comprobantes fiscales que serán entregados a la autoridad federal.
En el caso específico del municipio de Lolotla, se dará seguimiento puntual al destino de los recursos del FAISMUN para deslindar responsabilidades.
