Durante décadas, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en México fueron el motor de las grandes transiciones: desde la creación del IFE hasta la visibilización de las crisis de desaparecidos. Sin embargo, hoy atraviesan un invierno crudo. Se les acusa de haber perdido el rumbo, de ser «élites» o simples gestoras de intereses ajenos. Pero, ¿es una pérdida de brújula o un desplazamiento forzado del espacio público?
La realidad es que el ecosistema ciudadano ha sido golpeado por una pinza de dos puntas. Por un lado, una narrativa gubernamental que centraliza la ayuda social y estigmatiza la intermediación; por el otro, una autocomplacencia de ciertas organizaciones que se desconectaron del México profundo para habitar en foros de hoteles y redes sociales.
Hacia las elecciones intermedias de 2027, el reto es existencial. ¿Tienen las asociaciones posibilidades reales de ocupar posiciones en cabildos y congresos? La respuesta honesta es: no bajo las reglas actuales. El sistema electoral mexicano es un «club de amigos» con candados casi infranqueables para las candidaturas independientes. La verdadera oportunidad de la sociedad civil no está en buscar el registro de un partido, sino en recuperar su capacidad de veto y de propuesta. Su fuerza no reside en la boleta, sino en la capacidad de obligar a los candidatos a firmar agendas vinculantes.
Un ejemplo claro de esta resistencia se vive en el Estado de Hidalgo, específicamente en la región de Tula-Tepeji. Allí, la sociedad civil no es un concepto abstracto; es una necesidad de supervivencia. Mientras en la capital se discuten reformas electorales, en Tula los colectivos ciudadanos luchan contra la emergencia ambiental y el olvido tras las inundaciones. En esa región, la sociedad civil no ha perdido el rumbo; al contrario, ha encontrado en el territorio y en la defensa del agua y la salud una razón de ser que trasciende sexenios.
Para 2027, el éxito de la ciudadanía organizada en Hidalgo no se medirá por cuántos activistas lleguen a una curul, sino por su capacidad de impedir que los partidos políticos sigan utilizando la crisis ambiental de la región como una simple promesa de campaña.
La sociedad civil en México no está muerta, pero está obligada a una metamorfosis. Debe dejar de ser solo un observador de la democracia para convertirse en su guardián más feroz. El rumbo no se ha perdido, se está reconfigurando desde lo local hacia lo nacional.
