A cinco años de la inundación de Tula: las obras avanzan, las heridas permanecen

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La madrugada del 7 de septiembre de 2021 cambió la historia reciente de Tula de Allende. Cinco años después, la ciudad recuerda las pérdidas humanas y un patrimonio familiar y comercial que no ha terminado de recuperarse, mientras una nueva infraestructura hidráulica, hospitalaria y urbana intenta reducir la posibilidad de que una tragedia semejante vuelva a repetirse.

La noche del 6 y la madrugada del 7 de septiembre de 2021, el desbordamiento del río Tula convirtió amplias zonas de la ciudad en un escenario de emergencia. Viviendas, comercios, calles, instalaciones públicas y el Hospital General de Zona No. 5 del IMSS quedaron alcanzados por el agua.

Los reportes oficiales de aquellos días fueron actualizándose conforme avanzó la emergencia; posteriormente se consolidó la cifra de 17 pacientes fallecidos vinculados a la contingencia en el hospital del IMSS, además de miles de personas afectadas y daños materiales de gran magnitud en Tula y otros municipios del Valle del Mezquital.

Cinco años parecen suficientes para reconstruir calles, levantar muros o sustituir edificios, pero no necesariamente para cerrar una tragedia. El dolor por las vidas perdidas permanece en las familias, especialmente cuando cada septiembre devuelve a la memoria aquellas horas de incertidumbre.

Tampoco puede considerarse completamente saldada la pérdida patrimonial: casas, muebles, vehículos, mercancías, herramientas de trabajo, archivos y negocios construidos durante años desaparecieron o quedaron severamente dañados en cuestión de horas. En los primeros registros oficiales y legislativos se llegó a hablar de alrededor de 70 mil damnificados en la región y daños estimados entonces en miles de millones de pesos.

La inundación dejó además una discusión que ha acompañado a Tula desde entonces: qué debe hacerse para que no vuelva a ocurrir. La respuesta institucional ha tardado años en adquirir dimensiones visibles, pero hoy existen obras concretas. Los gobiernos federal y estatal mantienen un programa de restauración y saneamiento del río Tula que contempla protección contra inundaciones, desazolve, reconstrucción de bordos, intervención de taludes y otras acciones sobre el cauce.

Para 2026 se anunciaron más de 900 millones de pesos en acciones relacionadas con calidad del agua, protección contra inundaciones, recuperación de espacios y restauración ambiental; el gobierno federal reporta también obras de protección concentradas particularmente en la zona de Tula.

Uno de los cambios más importantes está debajo de la superficie: se construye una red de colectores para evitar que una parte de las aguas residuales continúe descargándose directamente en los ríos Tula y Salado.

El proyecto gubernamental contempla decenas de kilómetros de colectores en la zona metropolitana y la rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la CFE. El objetivo es conducir esas descargas hacia sistemas de tratamiento y, en el caso de la infraestructura de CFE, aprovechar el agua tratada en sus procesos industriales. Es una intervención que vincula dos problemas históricos de la región: contaminación y manejo hidráulico.

A ello se suman las intervenciones realizadas y proyectadas sobre el propio río. Se han ejecutado obras de protección, reconstrucción de bordos, desazolve y trabajos sobre taludes, mientras continúa una estrategia de restauración que el gobierno federal plantea bajo un enfoque integral de cuenca. Son acciones que modifican físicamente puntos que durante décadas fueron identificados como vulnerables y que buscan aumentar las condiciones de seguridad frente a nuevos incrementos extraordinarios del caudal.

Otro símbolo de aquella tragedia fue el hospital del IMSS. El inmueble que atendía a la región quedó inutilizado por la inundación y fue considerado pérdida total. En su sustitución se construyó el nuevo Hospital General de Zona No. 5 en Tlaxcoapan, sobre terrenos originalmente destinados al proyecto de la Refinería Bicentenario, con una capacidad sustancialmente mayor a la del antiguo hospital.

El nuevo complejo comenzó su primera fase de atención el 27 de abril de 2026, convirtiéndose en una de las obras más significativas derivadas directamente de lo ocurrido cinco años atrás.

En la ciudad también se han desarrollado trabajos sobre la infraestructura urbana y sanitaria. La rehabilitación del drenaje y las intervenciones que comienzan a transformar vialidades como la Calzada Melchor Ocampo forman parte de una etapa de reconstrucción que, más allá de la imagen urbana, obliga a revisar una infraestructura que mostró sus vulnerabilidades durante la emergencia.

Tula necesita que cada obra nueva tenga una premisa común: la ciudad que se reconstruye después de 2021 no puede diseñarse como si la inundación nunca hubiera ocurrido.

El balance, por ello, no admite una lectura simple. Sería incorrecto afirmar que nada se ha hecho, porque existen inversiones, obras hidráulicas, infraestructura de protección, proyectos de saneamiento y un nuevo hospital que pueden documentarse. Pero también resultaría apresurado sostener que la deuda quedó pagada. Una obra pública puede sustituir un edificio; difícilmente sustituye una vida. Una calle puede rehabilitarse; el patrimonio que una familia acumuló durante décadas no siempre puede recuperarse de la misma manera.

Cinco años después, Tula está en un punto distinto, pero septiembre de 2021 continúa formando parte de su presente. La verdadera medida de las obras emprendidas no estará únicamente en kilómetros de colectores, metros de muros, cauces intervenidos o recursos invertidos. Estará en su capacidad para impedir que una nueva creciente vuelva a convertirse en tragedia.

El aniversario debe servir para recordar a quienes murieron, reconocer a quienes perdieron parte de su patrimonio y evaluar con rigor lo realizado desde entonces.

Porque para Tula, el 6 y 7 de septiembre de 2021 no son solamente fechas en el calendario: representan una advertencia permanente sobre la vulnerabilidad de la ciudad y, al mismo tiempo, la obligación pública de construir condiciones para que aquella historia no vuelva a repetirse.

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Fernando Ávila Báez
Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Especialista en Análisis Político para la Comunicación Social, Diplomado por la Fundación Manuel Buendía y por el Centro Internacional de Investigación Política y Desarrollo Estratégico (CIIPDE). Maestro en Educación (Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación) por la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID). Doctor Honoris Causa por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa (CIHCE). Locutor de radio y televisión certificado por la SEP. Medalla “Luis M. Farías” 2018 de la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM) por 25 años de locución profesional. Capacitador externo registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Capacitador certificado por el CONOCER. Autor de los libros Manual de Comunicación Práctica y Comunicación Para Líderes. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en otras instituciones universitarias. Es Director General del Instituto Comunicación Para Líderes, (Consultoría en Imagen Pública y Comunicación Social). Imparte seminarios, cursos, talleres y conferencias sobre temas de educación, comunicación y desarrollo humano (motivación, liderazgo, toma de decisiones, solución de conflictos, integración grupal, equipos de alto rendimiento).