Tula: preservar la UPE

La Universidad Politécnica de la Energía (UPE) enfrenta dos problemas que requieren respuestas distintas. Dentro de la institución se discuten la matrícula, la conducción de la rectoría y el rumbo académico. Fuera de ella, una sentencia sobre el terreno que ocupa el campus ya le costó el uso de un edificio. Ambos asuntos importan, pero la prioridad debe ser hacer el máximo esfuerzo para preservar la integridad de la universidad y asegurar que su comunidad pueda seguir estudiando, enseñando y trabajando en Tula de Allende.

Dentro de la universidad, el reto es académico

El Programa Institucional de Desarrollo de la UPE registró 588 estudiantes en el ciclo 2022–2023, de los cuales 244 cursaban Ingeniería en Logística y Transporte, el programa con mayor matrícula en ese corte. El reportaje del 10 de noviembre de 2026 menciona 636 estudiantes. Esa última cifra procede de una publicación periodística y, sin una serie oficial comparable, resulta insuficiente para establecer la tendencia de la matrícula o atribuirla a decisiones de la rectoría. La discusión interna ganaría claridad con datos por ciclo y por programa sobre ingreso, permanencia, egreso y titulación. Son los datos que permiten saber dónde hace falta fortalecer la oferta y dónde se están quedando atrás los estudiantes.

Fuera del campus, el problema es patrimonial

Según lo expuesto por el secretario de Educación Pública de Hidalgo ante el Congreso estatal, el proyecto universitario se asentó sobre una superficie de 200 mil metros cuadrados aportada por ejidatarios. En 2019, una particular reclamó una fracción y la sentencia, firme desde el 11 de diciembre de 2025, le reconoció la propiedad de 13 mil metros cuadrados. En esa superficie se levantó un edificio con una inversión pública de aproximadamente 30 millones de pesos que la universidad dejó de utilizar, como documentó DeFRENTE el 1 de octubre. La falta de formalización de la donación de esa fracción tuvo así una consecuencia concreta para el campus.

El ejido de Ignacio Zaragoza pidió desde 2023 la intervención del gobierno estatal para regularizar los terrenos que ocupa la UPE. Según el reporte del 10 de noviembre, la asamblea ejidal reclama interlocutores con facultades para alcanzar acuerdos. Hay espacio para una solución que respete los derechos agrarios y la resolución judicial, mientras se asegura que el alumnado tenga aulas y laboratorios para continuar su formación. Si la controversia se convierte en una disputa política por la rectoría, se corre el riesgo de aplazar ambas tareas.

Lo que Tula tiene que preservar

La UPE forma perfiles en energía y desarrollo sostenible, logística, ingeniería petrolera y seguridad para la industria energética. Su programa institucional reportó más de 80 convenios de colaboración vigentes en 2023 con los sectores social, educativo y empresarial. Un antecedente concreto es el convenio firmado en 2016 con la central de ciclo combinado de la CFE en Tula para abrir espacios de práctica. Esa relación entre el aula y el trabajo importa a los jóvenes que buscan ejercer en su propia región y a la planta productiva que recibe egresados y necesita personal calificado para mejorar sus procesos, operar con seguridad y adaptarse a los cambios del sector energético.

Salvaguardar la Politécnica exige el máximo esfuerzo de la comunidad universitaria, el ejido, las autoridades y el sector productivo. Eso implica cuidar desde ahora la continuidad de las clases, las prácticas y las titulaciones, y dar certeza al campus para que pueda planear su crecimiento. Para la región de Tula, sostener una universidad pública vinculada con su industria significa que más jóvenes puedan formarse cerca de casa, encontrar oportunidades profesionales en la zona y contribuir a su desarrollo sostenido.