La relación entre gobiernos, medios y periodistas atraviesa en el mundo entero un periodo de tensión que también alcanza a los países, sus estados y sus municipios, según sea el caso.
La polarización, la disputa por la atención pública y la velocidad de las plataformas digitales han complicado el diálogo entre quienes ejercen el poder y quienes tienen la responsabilidad de observarlo.
En México, la ruptura de antiguos acuerdos y alianzas entre autoridades, empresas de comunicación y voces de opinión ha dejado una relación todavía por reconstruir. El desafío consiste en establecer reglas claras para que informar, preguntar y disentir tengan cabida en la vida pública.
Ese reacomodo, que podríamos llamar “efecto México”, ha colocado al periodismo entre dos presiones: gobiernos que buscan controlar su imagen y un entorno digital que con frecuencia premia la popularidad por encima de la verificación.
La figura del influenciador puede aportar nuevas formas de comunicación, pero el número de seguidores no acredita por sí mismo rigor, independencia o responsabilidad editorial. Tampoco pertenecer a un medio tradicional garantiza esas cualidades. La diferencia debe encontrarse en el trabajo: contrastar versiones, documentar hechos, corregir errores y responder ante las audiencias.
En Hidalgo, se goza de una muy saludable libertad en el ejercicio de la prensa tradicional y nueva. Empero, el ascenso de la izquierda a distintos gobiernos municipales plantea una necesaria congruencia con sus compromisos de transformación y apertura.
Cuando una administración segrega a periodistas, condiciona entrevistas, restringe información o reserva el acceso para las voces que le resultan favorables, deteriora la confianza ciudadana.
Esa conducta merece cuestionarse bajo cualquier partido. La autoridad municipal administra asuntos de interés colectivo y debe estar dispuesta a explicar sus decisiones, incluso frente a preguntas incómodas. El trato respetuoso a la prensa es parte de la calidad del servicio público.
También es necesario hablar con franqueza de la sostenibilidad económica de los medios. Para muchas empresas locales, los convenios de difusión institucional representan una fuente relevante de ingresos. Contratar espacios o servicios de comunicación no implica, por sí mismo, comprar la conciencia de un periodista.
La integridad de esa relación depende de distinguir la publicidad de la información periodística, transparentar lo contratado y preservar la libertad editorial.
Resulta preocupante que el poder económico de una administración se utilice para imponer tarifas arbitrarias, exigir coberturas favorables o castigar una crítica mediante el retiro de contratos. Un proveedor merece condiciones profesionales de negociación; la ciudadanía merece información que conserve su independencia.
Replantear esta relación exige compromisos de ambas partes. Los gobiernos deben facilitar el acceso a la información, establecer criterios públicos para la contratación de difusión y atender solicitudes sin discriminación.
Los medios y periodistas deben sostener estándares de verificación, identificar los contenidos pagados y ejercer la crítica con argumentos, sin convertirla en hostigamiento ni utilizar su influencia para obtener privilegios. El respeto mutuo permite un diálogo firme: la autoridad explica y responde; el periodismo investiga, contrasta y cuestiona.
En los tiempos de la inteligencia artificial, cuando producir mensajes resulta cada vez más sencillo y distinguir lo verdadero exige mayor cuidado, necesitamos fortalecer ese vínculo.
Una sociedad informada puede participar mejor en su desarrollo, vigilar los recursos públicos y exigir cuentas con fundamento. Un periodismo independiente y profesional aporta elementos para corregir decisiones y mejorar el desempeño de las autoridades.
Es hora de que los gobiernos municipales asuman esta relación con madurez democrática: garantizar las libertades de expresión y opinión, reconocer el valor de la crítica y construir confianza mediante la transparencia. En ello ganamos todos.
