La violencia vinculada con las disputas por combustible y drogas exige atención, pero las investigaciones deben establecer las circunstancias de cada muerte. Los registros disponibles también muestran una carencia: falta un balance regional público que permita conocer cuántas personas siguen desaparecidas y cuántas han sido recuperadas sin vida.
La región de Tula enfrenta una crisis de seguridad cuyo impacto alcanza a familias que buscan a una persona desaparecida, reciben la noticia de un hallazgo o pierden a alguno de sus integrantes durante un ataque. Un recuento, elaborado con cifras atribuidas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó 71 muertes violentas durante el primer semestre de 2026 en nueve municipios: Tula de Allende, Tezontepec de Aldama, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río, Mixquiahuala, Progreso de Obregón, Atitalaquia, Tlahuelilpan y Tepetitlán. Tula y Tezontepec concentraron 26 y 23, respectivamente. Esta cifra corresponde al balance publicado por el medio; no constituye un conteo exclusivo de cuerpos encontrados en despoblados.
En desapariciones, el dato municipal disponible muestra que Tula de Allende acumuló 30 reportes entre enero y julio de 2026. Ese número corresponde a personas reportadas durante el periodo y no significa que las 30 continuaran sin localizar. Para el conjunto de Hidalgo, un corte de enero a agosto, con información de la Comisión Nacional de Búsqueda, contabilizó 620 reportes, 508 personas localizadas —23 de ellas sin vida— y 112 pendientes de localizar.
La revisión de casos específicos permite documentar nueve personas recuperadas sin vida en cinco hechos distintos, entre marzo y octubre de 2026, en Tula de Allende y Atotonilco de Tula. Se trata de una muestra verificable de hallazgos, no del total regional ni de nueve homicidios acreditados:
| Fecha del reporte | Lugar | Personas y circunstancias documentadas |
|---|---|---|
| 15 de marzo | Camino de terracería en Nantzha, Tula | Un hombre con lesiones por arma de fuego. |
| 14 de mayo | Departamento en Paseos de la Pradera, Atotonilco | Un hombre, localizado el día anterior; el reporte señaló ausencia de indicios visibles de violencia y una posible muerte natural. |
| 29 de mayo | Junto a terrenos de cultivo en San Francisco Bojay, Tula | Un hombre sin huellas visibles de violencia en la revisión inicial; causa pendiente de peritajes. |
| 31 de julio | Canal de aguas negras en Atotonilco | Un hombre; el reporte no estableció las circunstancias de su fallecimiento. |
| 14 de octubre | Fosa clandestina en Texas, Atotonilco | Cinco cuerpos recuperados; identificación pendiente, según el boletín de la Comisión de Búsqueda de Personas de Hidalgo fechado ese día. |
El último caso, confirmado en el boletín de la Comisión de Búsqueda, muestra la importancia del trabajo forense: recuperar cinco cuerpos abre el proceso para identificarlos y restituirlos dignamente a sus familias. El documento no informa las causas de muerte ni establece vínculos con narcóticos o robo de combustible. Tampoco es válido sumar automáticamente estos cinco casos a los balances anteriores, pues corresponden a periodos y registros diferentes.
La relación entre violencia y mercados ilegales sí ha sido señalada por las autoridades. En septiembre de 2025, el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, sostuvo que grupos locales se disputaban actividades relacionadas principalmente con el huachicol y las drogas en la región de Tula. En enero de 2026, el gobernador Julio Menchaca volvió a relacionar el repunte de violencia con disputas entre grupos dedicados al robo de hidrocarburos. Estas declaraciones describen un contexto criminal; la responsabilidad y el móvil de cada caso requieren pruebas dentro de las investigaciones.
El daño familiar tiene antecedentes medibles. La explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, ocurrida el 18 de enero de 2019, dejó 137 personas fallecidas y 194 niñas, niños y adolescentes en orfandad, según el balance publicado un año después. Es una evidencia del alcance humano del combustible ilegal: además de las muertes, quedan hogares que deben reorganizar sus ingresos, cuidados y proyectos de vida. Estas cifras históricas deben mantenerse separadas de las correspondientes a 2026.
La desaparición prolonga otra forma de sufrimiento. Sandra López Tovar, madre de un joven desaparecido en diciembre de 2025 en Atotonilco de Tula, denunció en septiembre de 2026 la lentitud de las investigaciones y la falta de respuestas sobre su paradero. Su testimonio permite observar lo que los porcentajes de localización no explican: las familias con búsquedas pendientes continúan esperando información, incluso cuando los balances generales reportan resultados favorables.
Desde luego que no es posible determinar cuántas muertes regionales fueron consecuencia del consumo de sustancias, de su venta o de la extracción y comercialización de combustible robado. Encontrar un cuerpo en un canal, una parcela o una vivienda no demuestra por sí mismo participación en actividades ilícitas. Confundir esos hechos puede estigmatizar a las víctimas y desviar la atención de las investigaciones.
La respuesta pública necesita combinar investigación criminal, búsqueda e identificación con atención a las familias y acceso a tratamiento de adicciones. También requiere publicar cifras regionales comparables, con fechas de corte, municipios y situación de cada registro. Para las familias, el resultado decisivo será recibir respuestas sobre sus seres queridos, justicia cuando exista un delito y acompañamiento que continúe después de los operativos o de la entrega de un cuerpo.
