Tula de Allende llega al último tramo de la administración municipal 2024–2027 con una agenda de obras que combina infraestructura urbana, conectividad regional, videovigilancia y recuperación de espacios públicos. El balance del gobierno encabezado por Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz, con corte al 12 de octubre de 2026, plantea una cuestión central: cómo convertir las inversiones municipales y los proyectos estatales y federales en mejores condiciones de vida para un municipio que registró 115,107 habitantes en el Censo de 2020.
Entre los proyectos de mayor alcance figura el corredor ferroviario México–Querétaro, con una estación prevista en El Llano Primera Sección. Esta infraestructura federal abre una perspectiva de mayor conectividad, pero sus beneficios locales dependerán también de la planeación municipal: accesos, transporte, ordenamiento territorial y servicios alrededor de la futura estación. La oportunidad para Tula consiste en vincular el proyecto con su economía y sus comunidades, evitando que la conexión regional avance sin una integración suficiente con la movilidad cotidiana.
En la infraestructura urbana destaca la renovación de la Calzada Melchor Ocampo, con un presupuesto municipal anunciado de 50.73 millones de pesos para 8,715 metros cuadrados de pavimento hidráulico, agua, drenaje y alumbrado. Los trabajos comenzaron en septiembre de 2026 y su conclusión está prevista para diciembre. También se reporta la rehabilitación de la avenida H. Colegio Militar, con una inversión estatal anunciada de al menos 11 millones de pesos. Al tratarse de obras en proceso, su evaluación deberá considerar el cumplimiento de los plazos, la calidad de la ejecución y el funcionamiento de las redes intervenidas.
La renovación del drenaje del centro, entregada en abril de 2025, representa otro componente relevante. La inversión estatal de 47 millones de pesos corresponde al conjunto de esa red, que incluye intervenciones en Leandro Valle y 5 de Mayo; además, el proyecto comenzó antes de la actual administración. Esta distinción permite dimensionar las responsabilidades y reconocer que la continuidad entre gobiernos también forma parte de la gestión pública. En el acceso Tula–Refinería se reportó, por separado, el arranque del reencarpetamiento con apoyo de Pemex y del Gobierno de Hidalgo, por cerca de 13 millones de pesos.
El saneamiento constituye uno de los frentes más sensibles. Se reporta una inversión federal aproximada de 280 millones de pesos en un colector vinculado al saneamiento del río Tula, con un avance de 93 por ciento en septiembre de 2026 y como parte de una red regional de 38 kilómetros. Sin embargo, el avance físico de una obra no equivale todavía a la solución del problema ambiental: su impacto dependerá de que la infraestructura opere adecuadamente y contribuya al manejo efectivo de las aguas residuales. Las demandas de habitantes de El Cielito por desbordamientos del canal Viejo Requena y la contaminación de la presa Endhó mantienen en primer plano la prevención de inundaciones y la protección de las comunidades ribereñas.
En seguridad, la inauguración del Centro de Control y Comando, el 2 de octubre, incorporó 355 cámaras nuevas, 71 puntos de vigilancia y 22 torres rosas. El equipamiento amplía las herramientas de supervisión, aunque su eficacia deberá acreditarse con capacidad de respuesta, coordinación policial y apoyo a las investigaciones. Ante los reportes de violencia armada en la región, el número de dispositivos instalados es un indicador de infraestructura; la prueba de resultados estará en la protección ciudadana y la atención oportuna de los hechos delictivos.
La recuperación de espacios públicos incluye el Parque Quetzalcóatl, con una inversión reportada de 18 millones de pesos. A ello se suman las intervenciones por etapas en la Unidad Deportiva, donde dos canchas de tenis inauguradas el 11 de octubre representan una inversión municipal superior a 3.8 millones de pesos, sin que ese monto corresponda a toda la remodelación del complejo. En El Chamizal se reportan 8.19 millones de pesos estatales para el puente y un anuncio municipal de 5 millones para parque y andadores. El beneficio de estos espacios dependerá de su accesibilidad, mantenimiento, seguridad y uso continuo.
En el ámbito comunitario, la asignación reportada de 500 mil pesos para cada una de las 54 comunidades durante 2026 equivale a una previsión de 27 millones de pesos en presupuesto participativo. Este mecanismo puede acercar las decisiones de inversión a las necesidades vecinales, siempre que exista claridad sobre la selección de proyectos, la entrega de recursos y su ejecución. Los apoyos sociales por más de 5.9 millones de pesos para vivienda, medicamentos y movilidad de personas con discapacidad complementan esa atención, aunque requieren seguimiento para conocer su cobertura y alcance.
Hacia 2027, Tula enfrenta el reto de articular proyectos de distintas escalas y niveles de gobierno sin confundir presupuestos anunciados, avances de construcción y obras concluidas. La perspectiva será más favorable si la nueva infraestructura se acompaña de mantenimiento, transparencia y capacidad operativa. La transformación podrá evaluarse en resultados concretos: traslados más funcionales, servicios que operen con continuidad, espacios públicos utilizados y una menor exposición de las familias a la violencia, los desbordamientos y la contaminación.
