- 4,668 registros pierden vigencia al no cumplir con el proceso de actualización previsto en la reforma a la Ley de Adquisiciones
Como parte de la nueva política de integridad empresarial impulsada por el Gobierno para fortalecer la transparencia, la competencia leal y la confianza en las contrataciones públicas, se depuró el Padrón de Proveedores derivada de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
La medida forma parte de una estrategia integral promovida por la Contraloría para garantizar que las empresas que participan en procedimientos de contratación con el gobierno mantengan información actualizada, acrediten plenamente su existencia y capacidad operativa, y cumplan con los principios de legalidad, honestidad e integridad que demanda el ejercicio de los recursos públicos.
Al cierre de 2025, el padrón estatal se encontraba conformado por 8,440 registros de proveedores. Con la reforma se estableció una vigencia de dos años para las inscripciones los registros de proveedores, obligando a los interesados a realizar un trámite de canje para conservar su registro vigente.
Concluido el plazo establecido en la Circular No. 005, este 15 de junio de 2026, 4,668 registros dejaron de tener efectos legales al no realizar el procedimiento de actualización correspondiente.
La depuración permitió identificar que únicamente 2,155 proveedores realizaron el trámite de canje o actualización para conservar la vigencia de su registro, mientras que 4,668 registros perdieron sus efectos dentro del padrón. Adicionalmente, se mantienen 283 registros cancelados y 1,656 bajas acumuladas. Como resultado de este proceso, al 17 de junio de 2026 el Padrón Estatal de Proveedores se encuentra integrado por 2,237 registros vigentes, consolidando una base de datos más confiable, actualizada y alineada con los estándares de integridad empresarial.
Cabe señalar que los registros cancelados corresponden a procedimientos que se realizan de manera permanente y cuyas resoluciones se publican mensualmente en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, como parte de los mecanismos de control y actualización del Padrón Estatal de Proveedores.
Durante el proceso de revisión se identificaron registros con varios años de antigüedad, algunos con antecedentes desde 2015, sin actualización documental ni evidencia reciente de actividad empresarial que justificara su permanencia dentro del padrón.
Además de la actualización documental, el procedimiento de canje incorporó criterios de integridad empresarial que permiten fortalecer la confiabilidad de las contrataciones públicas. Entre ellos destacan la verificación de posibles conflictos de interés entre servidores públicos y proveedores; la detección de proveedores o representantes legales que comparten domicilios, accionistas o elementos que pudieran evidenciar simulación de competencia; la acreditación de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); así como la comprobación de la existencia real del giro comercial o actividad económica declarada, evitando la participación de empresas de papel o sin capacidad operativa efectiva.
Álvaro Bardales, señaló que esta acción representa un paso importante en la consolidación de una cultura de integridad en las relaciones entre el sector público y el sector privado.
“La integridad empresarial no solamente se exige a los servidores públicos; también debe formar parte de quienes desean contratar con el gobierno. Hoy no basta con presentar documentos; es necesario acreditar que existe una empresa real, con actividad económica auténtica, sin conflictos de interés y con capacidad para cumplir los compromisos que asume con la administración pública”, destacó.
La depuración permitió consolidar una base de datos integrada exclusivamente por proveedores que acreditaron el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, fortaleciendo los mecanismos de control, transparencia, rendición de cuentas y prevención de riesgos en las adquisiciones gubernamentales.
Cabe destacar que el Padrón de Proveedores constituye un registro único en Hidalgo y es de observancia obligatoria para todos los entes públicos estatales y municipales. Por ello, la actualización permanente de su información representa una herramienta estratégica para garantizar condiciones de legalidad, competencia y transparencia en las contrataciones que realizan las dependencias, organismos descentralizados, entidades y ayuntamientos del estado.
Con estas acciones, la Contraloría reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la mejora continua de los procesos administrativos, consolidando una política de integridad empresarial que contribuye a cerrar espacios a la simulación, prevenir actos de corrupción y asegurar que los recursos públicos sean ejercidos con eficiencia, legalidad y honestidad en beneficio de las y los hidalguenses.
