En Hidalgo, donde la libertad de prensa ha sido un valor
institucional histórico, una garantía de libre acceso a la información y de ejercicio
de la opinión pública para la sociedad, así como un refugio seguro para el
gremio periodístico, ha surgido desde Tula de Allende una grave amenaza.
En un hecho sin precedentes, que obedece a la actual
tendencia pública de exigir a los gobiernos procesos transparentes y clara
rendición de cuentas, este 27 de enero se realizó en modalidad virtual la
segunda sesión extraordinaria del cabildo tolteca para analizar diversos temas.
Entre los asuntos públicos sometidos al pleno se consideró
la aprobación para que el alcalde pueda suscribir contratos con medios de
comunicación, con el objetivo de difundir a través de ellos las actividades
institucionales.
Específicamente, se puso a consideración la consulta para
poder hacerlo con dos medios locales: la estación radiofónica comercial y una
revista.
Basta con repasar el desarrollo de la sesión para
sorprendernos con el desierto de fondo en que se vertieron algunas opiniones de
los representantes populares municipales. Grave y preocupante.
En forma unánime los ediles votaron a favor de autorizar al
presidente para la celebración de contrato con la radiodifusora 100.5 de NRM
Comunicaciones que opera en la ciudad cabecera, no así con el otro medio, respecto
del cual guardaron algunas manifiestas reservas.
Sorprende que un grupo de asambleístas de Morena, PVEM y PRI,
entre los cuales están dos de los tres hoy regidores que contendieron como
candidatos a la presidencia municipal el pasado octubre, hayan manifestado abstención,
sin justificarla, sin argumentarla. Qué cómodos.
Habría sido bueno que lo explicaran.
Ante ese vacío, cabe razonar que implícitamente no coinciden
con el medio en cuestión, con su línea editorial o con alguno de sus trabajadores,
lo que en sí mismo representa un agravio al usar el poder de la decisión política
sobre los recursos públicos respecto de un particular.
El abogado Octavio Magaña Soto, regidor por el PVEM y
presidente estatal en funciones de ese partido político, promovió y ganó ante
el Tribunal Electoral que se anulara la autorización automática al presidente
municipal para celebrar convenios y contratos, así que ahora debe poner todos y
cada uno de esos actos a aprobación colegiada del cabildo.
Y precisamente ahora que puede votar sobre un asunto libre y
abierto, en dos casos similares vota de manera distinta. Es evidente que hay un
interés personal, político, y no público en ese acto bivalente.
Suena bizarro, absurdo. Lo es.
Algunos integrantes de la asamblea se erigieron durante
la sesión arbitrariamente en censores de los medios y “estudiosos”, “analistas”
de los impactos de cada uno de ellos en la sociedad; ¿desde cuándo esas figuras
cuyas cuentas sobre su actuación están por verse tienen la atribución de
calificar y sancionar a los medios?
El precedente de transparencia que sienta el gobierno de
Manuel Hernández Badillo se empaña con la reacción parcial de este grupo de
regidores, pues todavía están por analizarse muchos otros contratos con otros tantos
medios.
Lo que significa que con unos se sumarán a la unanimidad y
con otros se abstendrán sin argumentar el sentido de la abstención y, lo que es
peor, está abierta la posibilidad de que el colegiado niegue al alcalde la
autorización para celebrar contrato con alguno de los medios de comunicación.
Este supuesto, el dirigente estatal del verde debería saberlo, les pone a él y a quienes cómodamente se abstienen si explicación razonada y coherente en el carril de los enemigos de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de trabajo, de la libertad de asociación, de la libertad de tránsito.
Piénsenle y verán.
