A través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) obtuvo sentencia condenatoria de 10 años y tres meses de prisión para una persona identificada con iniciales S. I. O., exdirector de Radio y Televisión de Hidalgo, responsable de hechos que la ley sanciona como peculado.

De las investigaciones realizadas por esta representación social, se estableció que S. I. O., mientras desempeñaba como director general de Radio y Televisión de Hidalgo, en el periodo del 16 de marzo del año 2012 al 15 de abril del año 2016, aprovechó su encargo para desviar dinero público.

Dichos recursos se obtuvieron por la celebración contratos de prestación de servicios con entes federales como la Secretaría de Salud, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de realizar campañas de difusión.

Para cumplir con dichos contratos, se efectuaron transferencias y pagos desde Radio y Televisión de Hidalgo, a Grip Forum Arte, Diseño y Cinematografía S. A. de C. V. y Double Click S. A. de C. V., así como a la persona física identificada con iniciales G. S. M., a las cuales se subcontrató a efecto de dar cumplimiento a los acuerdos contractuales por concepto de difusión publicitaria.

En consecuencia, el dinero recibido por Radio y Televisión de Hidalgo durante 2012 se debió aplicar al cumplimiento de los mismos y en su caso quedar como activos para el estado, situación que no ocurrió. Derivado de esos hechos, S. I. O. fue aprehendido por la PGJEH, con apoyo de autoridades federales, el 25 de agosto de 2023, en el Estado de México, y fue presentado ante un juez de control, autoridad judicial que, tras la formulación de la imputación a cargo del Ministerio Público, dictó el auto de vinculación a proceso. 

Durante la audiencia de juicio, que inició el 10 de junio de 2024, continuó el 19 de junio y concluyó el 28 de junio del mismo año, se llevó a cabo la audiencia correspondiente para realizar los alegatos de clausura, misma en la que el Tribunal de Enjuiciamiento, por unanimidad, dictó fallo condenatorio contra S. I. O.

La tarde de este miércoles, durante la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad judicial impuso una pena privativa de la libertad de 10 años y tres meses para el exdirector general de Radio y Televisión de Hidalgo por ser responsable de causar un detrimento económico por 242 millones 492 mil 793 pesos, en agravio de dicho sistema de medios.

• A través del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares 

se agilizan y simplifican procesos de impartición de justicia

El gobernador, Julio Menchaca Salazar, asistió como invitado de honor a la sesión solemne del Congreso de la Ciudad de México en la que se emitió la declaratoria de vigencia y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 

Allí, el mandatario hidalguense recordó que, durante su paso por el Senado de la República, presentó junto a su entonces compañero, Ricardo Monreal Ávila, la iniciativa para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Lo anterior, con el fin de constituir un sistema de justicia que se encuentre a la par de los más altos estándares nacionales e internacionales, donde, además, se antepongan la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

“Estamos ante un momento histórico, pues esta aprobación contempla la unificación de las normas entre las entidades federativas, lo que dará seguridad y certidumbre en los procedimientos civiles y familiares”, manifestó el titular del Ejecutivo estatal.

Agregó: “se agilizarán los procedimientos judiciales, entre otras acciones que permitirán hacer un buen uso de los medios alternos de solución de conflictos, manteniendo a las personas juzgadoras a la vanguardia mediante la implementación de juicios en línea y audiencias a distancia”. 

Al dar lectura al dictamen de la declaratoria, se explicó que en ella también se contempla el aumento de la edad de retiro de 70 a 75 años de juezas, jueces, magistradas y magistrados de la ciudad capital, a fin de aprovechar la experiencia de quienes hacen cumplir la ley, priorizando los sistemas de oralidad y justicia digital para garantizar el ejercicio de sus funciones, acorde a los postulados contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A este acto acudieron la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero; el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, y distintas representaciones del Consejo de la Judicatura, así como de las secretarías de Gobernación y de Marina.