Durante décadas, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en México fueron el motor de las grandes transiciones: desde la creación del IFE hasta la visibilización de las crisis de desaparecidos. Sin embargo, hoy atraviesan un invierno crudo. Se les acusa de haber perdido el rumbo, de ser «élites» o simples gestoras de intereses ajenos. Pero, ¿es una pérdida de brújula o un desplazamiento forzado del espacio público?

La realidad es que el ecosistema ciudadano ha sido golpeado por una pinza de dos puntas. Por un lado, una narrativa gubernamental que centraliza la ayuda social y estigmatiza la intermediación; por el otro, una autocomplacencia de ciertas organizaciones que se desconectaron del México profundo para habitar en foros de hoteles y redes sociales.

Hacia las elecciones intermedias de 2027, el reto es existencial. ¿Tienen las asociaciones posibilidades reales de ocupar posiciones en cabildos y congresos? La respuesta honesta es: no bajo las reglas actuales. El sistema electoral mexicano es un «club de amigos» con candados casi infranqueables para las candidaturas independientes. La verdadera oportunidad de la sociedad civil no está en buscar el registro de un partido, sino en recuperar su capacidad de veto y de propuesta. Su fuerza no reside en la boleta, sino en la capacidad de obligar a los candidatos a firmar agendas vinculantes.

Un ejemplo claro de esta resistencia se vive en el Estado de Hidalgo, específicamente en la región de Tula-Tepeji. Allí, la sociedad civil no es un concepto abstracto; es una necesidad de supervivencia. Mientras en la capital se discuten reformas electorales, en Tula los colectivos ciudadanos luchan contra la emergencia ambiental y el olvido tras las inundaciones. En esa región, la sociedad civil no ha perdido el rumbo; al contrario, ha encontrado en el territorio y en la defensa del agua y la salud una razón de ser que trasciende sexenios.

Para 2027, el éxito de la ciudadanía organizada en Hidalgo no se medirá por cuántos activistas lleguen a una curul, sino por su capacidad de impedir que los partidos políticos sigan utilizando la crisis ambiental de la región como una simple promesa de campaña.

La sociedad civil en México no está muerta, pero está obligada a una metamorfosis. Debe dejar de ser solo un observador de la democracia para convertirse en su guardián más feroz. El rumbo no se ha perdido, se está reconfigurando desde lo local hacia lo nacional.

La política interna de un estado no se mide por la estridencia de sus declaraciones, sino por la solidez de sus puentes. En Hidalgo, la Secretaría de Gobierno ha adoptado un rol protagónico que trasciende la simple administración de crisis, convirtiéndose en un espacio de convergencia para todas las expresiones políticas y sociales de la entidad. Este desempeño institucional resulta clave en un momento donde el panorama nacional y local exige definiciones claras.

El ejercicio de apertura que ha mostrado la dependencia encargada de la política interna es un síntoma de madurez administrativa. Al abrir las puertas a todas las corrientes partidistas y organizaciones sociales, la Secretaría no solo cumple con su mandato legal, sino que establece un mecanismo de contención y entendimiento ante la complejidad que representa el próximo proceso electoral de 2027.

Una gestión estratégica frente a la fragmentación

La renovación de las siete diputaciones federales, las 18 locales y las 84 presidencias municipales en 2027 no es un reto menor. Ante este escenario, la función de la Secretaría de Gobierno como articuladora del diálogo se vuelve vital, especialmente cuando la cohesión de las coaliciones tradicionales parece tambalearse.

Mientras fuerzas como el PT y el PVEM muestran reticencias para acompañar las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Gobierno en Hidalgo actúa como un ecualizador que busca mantener la estabilidad estatal por encima de los intereses partidistas.

Este desempeño institucional es una respuesta directa a la necesidad de gobernabilidad democrática. En lugar de optar por el aislamiento, la dependencia ha elegido la interlocución directa. Este modelo permite que, a pesar de las diferencias ideológicas o la falta de apertura de ciertos sectores para caminar en bloque, los canales de comunicación con el Ejecutivo estatal permanezcan libres de obstrucciones.

El reto de los 84 municipios

La labor institucional de la Secretaría de Gobierno tiene su prueba de fuego en la diversidad de los 84 municipios. La estrategia de reunirse con todas las expresiones políticas permite anticipar conflictos y trazar una ruta crítica que asegure que la competencia electoral no descarrile la paz social. Es, en esencia, una labor de prevención política.

En conclusión, el desempeño de la Secretaría de Gobierno bajo el actual esquema de gestión destaca por su capacidad de interlocución. En un Hidalgo que se encamina a una elección intermedia federal y local de alta intensidad, contar con una institución que garantice el diálogo con todos —aliados y opositores— es la mejor garantía de que la transformación institucional no se detenga ante las coyunturas electorales.