Agosto está funcionando en Hidalgo como un mes de posicionamientos anticipados. Aunque formalmente la agenda inmediata será el proceso electoral de 2027, cuando estarán en disputa ayuntamientos y diputaciones locales y federales, buena parte de los movimientos políticos también comienza a interpretarse bajo una perspectiva más larga: la sucesión de 2028 para la gubernatura.
Informes, recorridos territoriales, actos institucionales y concentraciones partidistas cumplen sus propósitos formales, pero simultáneamente permiten medir convocatoria, estructura y relaciones políticas. Es el lenguaje implícito de una sucesión que todavía nadie necesita declarar abiertamente, particularmente dentro de Morena y de la nueva clase política construida alrededor del régimen estatal y federal.
Por ahora, el verano ha colocado los reflectores principalmente sobre dos mujeres: Rebeca Aladro Echeverría y Simey Olvera Bautista. La primera concluirá el próximo 1 de septiembre los cuatro años que inició en 2022 al frente del Poder Judicial de Hidalgo; la segunda se encuentra a la mitad de su responsabilidad como senadora y ha convertido su segundo informe legislativo en una gira por distintas regiones del estado.
Aladro presentó el 18 de agosto su cuarto y último informe ante representantes de los poderes públicos, integrantes de la comunidad jurídica y servidores públicos, en un acto cuya convocatoria alimentó públicamente las interpretaciones sobre su futuro político; incluso, al ser cuestionada sobre una eventual aspiración a la gubernatura, evitó cerrar expresamente esa posibilidad.
Aladro tiene además resultados institucionales que pueden convertirse en parte de una eventual carta de presentación fuera del Poder Judicial. Durante su último informe destacó la especialización, digitalización, capacitación y atención ciudadana; el 3 de agosto comenzó operaciones el Juzgado Familiar Especializado en Pachuca y, para el momento del informe, había emitido 10 sentencias, mientras que el 1 de septiembre entrará en funciones el Juzgado Especializado en Violencia Familiar contra las Mujeres, con competencia penal y familiar.
Su administración también entregó al Congreso estatal iniciativas para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la legislación relacionada con mecanismos alternativos de solución de controversias. Son resultados verificables de una gestión que termina precisamente cuando empieza a calentarse el calendario político.
En el otro carril aparece Simey Olvera, cuya ventaja política es distinta: territorio, estructura partidista y exposición electoral. La senadora llegó a la Cámara Alta después de recibir más de 700 mil votos en 2024 y desde el 9 de agosto emprendió una ruta de rendición de cuentas por diferentes regiones de Hidalgo.
En su segundo informe ha reportado su participación en una legislatura que aprobó 29 reformas constitucionales, 21 nuevas leyes y 98 modificaciones a distintas leyes, con asuntos relacionados con seguridad, justicia, vivienda, derechos de las mujeres y temas laborales, entre ellos la reducción progresiva de la jornada laboral.
Sus informes regionales han reunido alcaldes, legisladores, dirigentes y cuadros de Morena, convirtiéndose inevitablemente en espacios para observar alineamientos y capacidades de movilización más allá del contenido estrictamente legislativo.
Ahí está precisamente la fotografía política de agosto: Aladro y Olvera llegan desde rutas diferentes al mismo escaparate. Una procede de un Poder Judicial que durante cuatro años le permitió construir interlocución institucional; la otra proviene directamente de la competencia electoral y de una trayectoria dentro de Morena.
Sus respectivos informes terminaron funcionando como pasarelas y muestras de músculo político, aunque ninguna haya formalizado una candidatura para 2028. El reto para ambas —y para cualquier aspirante— será mantener esos movimientos dentro del discurso de unidad que hoy domina al oficialismo hidalguense.
Antes de pensar en la candidatura a gobernador, además, estará la elección de 2027: ese proceso servirá para medir qué grupos controlan candidaturas municipales y legislativas, quién conserva territorio y quién logra convertir cercanía con el poder en votos.
Y el tablero está lejos de reducirse a una competencia entre dos mujeres. Agosto apenas puede ser el comienzo de los destapes implícitos. Conforme avance el proceso de 2027 tampoco sería extraño que aprieten el paso otros perfiles de Morena en el carril masculino, entre ellos el senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, el secretario de Educación Pública estatal, Natividad Castrejón Valdez, y el secretario de Planeación y Prospectiva, Miguel Ángel Tello Vargas.
Ninguno necesita declararse hoy aspirante: los próximos meses permitirán observar presencia territorial, interlocución con alcaldes y legisladores, resultados institucionales, cercanía con las estructuras partidistas y capacidad de convocatoria. La sucesión de 2028 todavía está lejos en el calendario, pero agosto de 2026 dejó una primera señal: en Hidalgo ya comenzaron a moverse las piezas.
