Litigios y pendientes jurídicos comprometen recursos de municipios de Hidalgo

Diversos municipios de Hidalgo, entre ellos algunos de la región Tula-Tepeji, enfrentan obligaciones millonarias y controversias que ponen bajo revisión la conducción de sus asuntos jurídicos.

Uno de los casos más recientes es Atotonilco de Tula: durante la sesión de Cabildo del 6 de noviembre de 2026 se discutió un adeudo superior a 105 millones de pesos relacionado con el arrendamiento de patrullas contratado en una administración anterior. La controversia incluye el juicio mercantil 23/2020, el amparo indirecto 2110/2026 y el recurso de queja 447/2026.

La alcaldesa cuestionó actuaciones procesales de la síndica, mientras esta defendió sus atribuciones y sostuvo que debe atender las notificaciones judiciales para evitar desacato. Las diferencias expuestas no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad.

En el mismo municipio, la revisión de la Cuenta Pública 2025 generó observaciones por 25 millones 72 mil 902.55 pesos, según información publicada el 1 de noviembre. De ese total, 23.5 millones de pesos corresponden a adquisiciones de terrenos para las cuales no se presentaron contratos debidamente protocolizados en escritura pública que acreditaran la certeza jurídica de las operaciones. Estos señalamientos permanecen sujetos a aclaración y no equivalen a un daño patrimonial definitivo, pero muestran pendientes en la documentación legal del patrimonio municipal.

En Tepeji del Río, el síndico jurídico informó de tres expedientes laborales heredados, identificados como 235/2018, 574/2016 y 170/2018, con 45 pagos programados, de los cuales se habían cubierto 15 al momento del reporte. Por dos expedientes se habían erogado aproximadamente 233 mil pesos, sin precisar el importe del tercero. Además, otro procedimiento concluyó mediante un convenio por 276 mil pesos, frente a un cálculo inicial de 380 mil pesos, antes de emitirse el laudo. Este último caso muestra que la negociación también puede reducir las obligaciones municipales.

La presión financiera alcanza a otros ayuntamientos. En junio de 2026, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso local informó que se descartó entregar recursos extraordinarios para laudos a Chapantongo, Singuilucan, Mixquiahuala, Ajacuba y Tlanalapa.

La información difundida entonces, atribuida a la Secretaría del Trabajo estatal, situaba en 236 millones de pesos los pasivos laborales exclusivamente municipales. Estos antecedentes sustentan la necesidad de profesionalizar las áreas jurídicas, documentar las adquisiciones y prever recursos para cumplir resoluciones; atribuir cada obligación a negligencia, desconocimiento o actuaciones deliberadas exige revisar los expedientes y acreditar responsabilidades individuales.