Por Fernando Ávila Báez
La cuarta transformación de país está en marcha.
Frente a una muy débil oposición político partidista y con un avasallador respaldo popular fundado en el deseo de ver sangre correr en la lucha contra la corrupción, las acciones gubernamentales están en marcha.
Entre las más relevantes, a diferencia de la suerte que corrió la reforma educativa, debe anotarse la recientemente aprobada reforma en materia de trabajo, que será promulgada y que descansa en los conceptos de justicia laboral, democracia sindical y protección de la negociación colectiva.
Desde luego, y como era de esperarse, mientras los trabajadores se aprestan a celebrar la reforma, algunos sindicatos y en especial los patrones la rechazan al considerar que su aprobación fue irreflexiva, artificialmente apresurada y cobarde ante presiones externas.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que preside Gustavo de Hoyos, señaló que la reforma contiene modificaciones que podrían afectar los derechos de los trabajadores, además de poner en riesgo a las empresas.
Se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social.
La nueva reforma laboral atiende a las exigencias establecidas en los tratados internacionales donde participa México, principalmente el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, así como los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de libertad sindical.
Voto libre, secreto, personal y directo para elegir a los líderes de las organizaciones gremiales, y obligación sindical de someter a votación de todos sus agremiados los contratos colectivos de trabajo, son ejes torales de la reforma.
Se han eliminado las juntas de Conciliación y Arbitraje, se sustituyen por tribunales especializados pertenecientes al poder judicial.
Se incorporan al artículo 133 de la ley Federal del Trabajo fracciones que prohíben a los patrones obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio afiliarse o retirarse del sindicato o de la agrupación a la que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura.
El artículo 378 prohíbe a los sindicatos, federaciones y confederaciones ejercer actos de violencia en contra de sus miembros, el patrón, sus representantes o sus bienes, o en contra de terceros, así como participar en actos de simulación asumiendo el carácter de patrón, con el fin de que el verdadero patrón evada sus responsabilidades.
El ordenamiento estipula que podrá cancelarse el registro de un sindicato cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales extorsionen a los patrones para desistir de un emplazamiento a huelga.
Es el adiós al histórico corporativismo que alguna vez creara, paradójicamente, a fin de asegurar la participación organizada de trabajadores y de campesinos en respaldo a las causas de los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana, el Presidente Lázaro Cárdenas Del Río.
Los primeros frutos a nivel nacional, con impacto en Hidalgo, ya se perfilan. Recientemente han sido creados, entre los primeros, sindicatos alternativos en Petróleos Mexicanos y en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Esta reforma puede, así mismo, representar la oportunidad largamente acariciada durante décadas por docentes y administrativos de las instituciones de educación superior en el país y particularmente en Hidalgo; una lucha que ha dejado en el camino algunos soldados caídos.
Las reformas estructurales, indispensables para dar forma al proyecto de país denominado cuarta transformación de México, están en camino.
El 1 de mayo, Día del Trabajo, en la región de Tula-Tepeji, las movilizaciones e inmovilidades de las organizaciones sindicales y gremiales ha puesto a los ojos de todos dos cosas.
Una, que los viejos liderazgos han perdido ascendencia entre los trabajadores; y otra, que no hay un fondo de reserva de líderes que puedan asumir en el corto tiempo la estafeta. Hay un vacío que crea vértigo, pues.
En los temas en que ya se ha avanzado, es obvia la capacidad de las fuerzas político partidistas y de interés en el país, para ponerse de acuerdo.
Pero, de igual forma, la imposibilidad para alcanzar la mayoría calificada que necesitan las ratificaciones legislativas, se mone de manifiesto la incapacidad de las fuerzas político partidistas y de interés en el país, para ponerse de acuerdo.
En este contexto, la oposición parece no estar lista para presentar una resistencia sólida, con al menos un porcentaje de apoyo popular, lo cual adelanta malos presagios en los siguientes procesos electorales.
Ya veremos.
