La reforma política que se discute actualmente en Hidalgo avanza en un momento decisivo para la vida pública del estado.
El Congreso local ya aprobó reformas de alcance nacional —como el llamado Plan B impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum— que redefinen la integración de los ayuntamientos, fortalecen la paridad de género y establecen límites estrictos al gasto público.
Estas modificaciones contemplan cabildos con hasta 15 regidurías, reglas más claras para evitar el nepotismo y nuevos criterios de austeridad en el uso de recursos públicos.
También se han avalado reformas en materia de igualdad sustantiva, violencia contra las mujeres y planeación demográfica, lo que muestra que el rediseño institucional de Hidalgo avanza en varias dimensiones simultáneas.
En este contexto, uno de los procesos más sensibles es el que Morena desarrolla internamente para definir el género de las candidaturas en los 84 municipios para el periodo 2027–2030.
La paridad ya no es solo un principio general: ahora es una obligación constitucional que impacta directamente la distribución de presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.
El partido deberá determinar en qué municipios postulará mujeres y en cuáles hombres, considerando criterios como competitividad, alternancia y cumplimiento de acciones afirmativas.
Este proceso, que suele generar tensiones internas, será clave para garantizar que la reforma política no se quede en el papel, sino que se traduzca en gobiernos municipales más equilibrados, representativos y libres de prácticas como el nepotismo.
En suma, Hidalgo vive una reconfiguración institucional profunda, y la definición de género en las candidaturas será uno de los puntos que marcará el rumbo político del estado en los próximos años.
