El reciente cierre del proceso de recolección de firmas para la revocación de mandato del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, no ha de sorprendernos. Con apenas 10,092 firmas válidas logradas de las 236,529 requeridas, el resultado es, en términos de participación, un fracaso rotundo. Este desenlace, sin embargo, ofrece lecciones valiosas sobre los retos que enfrenta la democracia participativa en nuestro país.
El gobernador Menchaca, de forma notable, fue el único en el país que, a mitad de su gestión, se mostró a favor del ejercicio, incluso antes de que se abriera el plazo oficial, cumpliendo así un compromiso de campaña. No obstante su «compromiso total», la legislación le impedía promover o intervenir directamente en las etapas del proceso, dejando la iniciativa en manos de la ciudadanía y promoventes externos.
Y es aquí donde la brecha entre la teoría democrática y la realidad operativa se hace evidente. El umbral legal del 3% de la lista nominal, distribuido en al menos 43 municipios, resultó ser una barrera infranqueable. La falta de un presupuesto específico y robusto para la difusión por parte del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), sumado a la apatía o desinformación ciudadana sobre cómo y por qué participar en este mecanismo, condenó la iniciativa desde el inicio.
Este episodio demuestra que la existencia de mecanismos de participación ciudadana en la ley no garantiza su efectividad. La revocación de mandato es una herramienta poderosa de rendición de cuentas, pero su éxito depende de una adecuada difusión del marco legal y una educación cívica constante que promueva la participación informada.
El proceso en Hidalgo ha concluido sin una consulta popular, pero deja aprendizajes y retos institucionales claros. Más allá de la falta de firmas, el verdadero desafío reside en cómo logramos, como sociedad e instituciones, que estos instrumentos de control democrático pasen del papel a la práctica real y efectiva.
