Hay hombres y mujeres que pasan años preparándose para una oportunidad que quizá nunca llegue.
Estudian una carrera, cursan especialidades, aprenden otros idiomas, dominan herramientas técnicas y acumulan experiencia en puestos cada vez más exigentes. Se acostumbran a trabajar bajo presión, a resolver problemas y a comunicarse con claridad. Construyen un currículum que, en teoría, debería abrirles las puertas de cualquier empresa importante o institución pública.
Entonces se enteran de una vacante.
Por unas horas recuperan la esperanza. Actualizan su currículum, reúnen constancias, redactan una carta de presentación y se preparan para demostrar lo que saben. Ensayan respuestas para una entrevista que tal vez nunca les concedan. Imaginan que, esta vez, su preparación será suficiente.
Pero antes de entregar los documentos aparece la pregunta que derrumba todas las demás:
—¿Quién te recomienda?
No preguntan primero qué sabe hacer, cuántos años de experiencia tiene o qué resultados puede comprobar. Preguntan a quién conoce. En ese instante, la persona descubre que la vacante posiblemente ya tiene nombre y apellido, aunque todavía se publique una convocatoria o se reciban solicitudes para aparentar que existe competencia.
Ahí comienza el viacrucis.
El aspirante llama, escribe, acude a oficinas y espera durante horas. Llena formularios, entrega copias, presenta evaluaciones y escucha promesas: “Nosotros te avisamos”, “Tu perfil es muy interesante”, “El proceso sigue abierto”. Después llega el silencio. Nadie explica por qué no fue seleccionado. Nadie confirma si sus documentos fueron siquiera revisados.
Con frecuencia, la derrota no ocurre frente a alguien mejor preparado, sino frente a alguien mejor relacionado.
Esta percepción se vuelve especialmente dolorosa alrededor de instituciones y organizaciones laborales consideradas auténticas fortalezas cerradas. Sindicatos poderosos, como los relacionados con Telmex, el IMSS, la CFE o Pemex, son señalados constantemente en la conversación pública por mecanismos que pueden favorecer a familiares, personas recomendadas o integrantes de determinados círculos. Cuando la cercanía pesa más que la capacidad, el empleo deja de ser un derecho al que se aspira mediante el esfuerzo y se convierte en una herencia informal.
El problema no es que una persona tenga familiares dentro de una institución ni que reciba una referencia profesional legítima. El problema aparece cuando ese parentesco o contacto sustituye los requisitos del puesto, desplaza a candidatos más capaces y vuelve irrelevantes la experiencia, los conocimientos y la trayectoria.
La recomendación, en su sentido correcto, debería servir para dar testimonio sobre la capacidad de alguien. En su forma más degradada, sirve para evitar que esa capacidad tenga que demostrarse.
Las consecuencias no terminan con la injusticia cometida contra quien queda fuera. Una contratación sin criterios profesionales también afecta a quienes ya trabajan dentro. Cuando una persona obtiene un puesto únicamente por protección, puede sentirse exenta de cumplir horarios, aprender procedimientos, respetar jerarquías o colaborar con sus compañeros. Si además sabe que difícilmente será sancionada, la improductividad puede transformarse en arrogancia, hostigamiento y conflicto.
No todos los recomendados actúan de esa manera ni todos los sindicatos operan bajo las mismas prácticas. Sin embargo, cuando no existen procesos transparentes, evaluaciones verificables y consecuencias por el incumplimiento, se crea un ambiente propicio para que prosperen los perfiles nocivos. El costo lo pagan los compañeros que deben cubrir sus deficiencias, las instituciones que pierden eficacia y los ciudadanos que reciben servicios cada vez más deficientes.
En los gobiernos municipales el drama adquiere otra dimensión.
Con cada cambio de administración llegan personas cuya principal credencial parece ser la participación en una campaña, la amistad con un funcionario o la pertenencia a un grupo político. Algunas reciben direcciones, coordinaciones o jefaturas sin experiencia previa en el área que deberán conducir. Hay quienes pasan del desempleo a tomar decisiones sobre presupuestos, servicios públicos y personal especializado sin haber demostrado antes capacidad para ello.
Mientras tanto, profesionistas con años de experiencia continúan entregando solicitudes desde el otro lado de la puerta.
Al concluir la administración, muchos de aquellos funcionarios improvisados vuelven al desempleo porque su puesto dependía del poder político y no de una trayectoria profesional. Otros buscan permanecer mediante una plaza, una base o una incorporación sindical. Así, una contratación temporal nacida del favoritismo puede convertirse en una carga permanente para la institución y para los contribuyentes.
El mensaje social es devastador.
¿Para qué estudiar, especializarse y trabajar con disciplina si al final una llamada telefónica puede valer más que veinte años de experiencia? ¿Qué se les dice a los jóvenes cuando observan que el mérito pierde frente al parentesco? ¿Cómo pedirles que confíen en las instituciones si las oportunidades parecen repartirse entre círculos cerrados?
Cada puerta clausurada por una recomendación indebida expulsa un poco de talento. Algunas personas aceptan trabajos muy por debajo de su preparación. Otras se marchan a otra ciudad o a otro país. Muchas terminan creyendo que ellas son el problema, cuando en realidad enfrentaron un sistema que nunca tuvo la intención de evaluarlas justamente.
Detrás de cada currículum ignorado hay una historia que no cabe en una estadística: años de estudio, sacrificios familiares, empleos mal pagados para adquirir experiencia, cursos tomados durante la noche y la esperanza de construir una vida digna. No se solicita un privilegio. Se pide la oportunidad de competir.
Combatir este problema exige convocatorias públicas reales, perfiles definidos antes de conocer a los candidatos, evaluaciones técnicas, resultados verificables y órganos capaces de revisar inconformidades. También exige limitar la influencia del parentesco y los compromisos políticos en la asignación de puestos, especialmente cuando se utilizan recursos públicos.
Los sindicatos tienen la responsabilidad de defender derechos laborales, no de convertir los empleos en propiedades familiares. Los gobiernos deben servir a la ciudadanía, no funcionar como agencias de colocación para campañas y amistades. Las empresas, por su parte, deberían entender que contratar por afinidad y no por capacidad tarde o temprano se refleja en conflictos, ineficiencia y pérdida de confianza.
Tener trabajo no debería depender de encontrar padrino.
Una sociedad que premia el mérito no garantiza que todos obtengan el puesto que desean, pero sí que puedan competir en condiciones razonablemente justas. Eso es lo mínimo que merece quien se ha preparado durante años: ser evaluado por lo que sabe, por lo que ha hecho y por lo que puede aportar.
Porque el verdadero drama no consiste únicamente en quedarse sin empleo. Consiste en descubrir que el esfuerzo, la experiencia y la capacidad fueron derrotados antes de comenzar el proceso; no por falta de talento, sino por falta de una recomendación.
