Tlaxcoapan tiene una pregunta pendiente: ¿cómo convertir las inversiones que llegan a su territorio en bienestar duradero? La fallida refinería Bicentenario, la construcción de infraestructura del IMSS, el rechazo al parque de reciclaje y las diferencias por el uso de caminos ejidales muestran una relación compleja entre autoridades, propietarios y proyectos de desarrollo. A esa discusión se suman los procesos judiciales contra exalcaldes y los operativos contra el robo de combustible. El desafío consiste en construir acuerdos que permitan generar empleo y servicios, proteger el territorio y recuperar confianza pública.
Ubicado al sur de Hidalgo, en el Valle del Mezquital, aproximadamente a 65 kilómetros de Pachuca, el municipio colinda con Tlahuelilpan, Tetepango, Atitalaquia, Tula de Allende y Tezontepec de Aldama. El Censo de 2020 registró 28 mil 626 habitantes, de los cuales 51.4% eran mujeres. La infografía municipal del Sistema de Información Georreferenciada de Hidalgo de 2023 reporta una superficie de 39 kilómetros cuadrados, con base en el Marco Geoestadístico del INEGI. Se trata de referencias estadísticas fechadas, no de una estimación poblacional para 2026.
Su economía combina servicios, comercio, actividades industriales y producción agropecuaria. Según la misma publicación, con datos censales de 2020, los servicios concentraban 36.9% de la población ocupada; el sector secundario, 28.8%; el comercio, 17.9%, y el sector primario, 13.1%. Entre los cultivos registrados figuran alfalfa, maíz, ejote y coliflor. A esa base productiva se suma la floricultura de Doxey, cuya comercialización sostiene actividades estacionales y ofrece posibilidades para el turismo rural. El municipio recibió, además, 16.3 millones de dólares en remesas durante 2022.
El antecedente que marcó las expectativas regionales ocurrió en 2009. El gobierno de Hidalgo adquirió 700 hectáreas para la refinería Bicentenario mediante un financiamiento de mil 500 millones de pesos. El polígono comprendía tierras de Atitalaquia, Tula y Tlaxcoapan, incluido Doxey. Hubo pagos a los propietarios, pero la refinería no se construyó. Conviene precisar quién recibió esos recursos: fueron los vendedores de las tierras; no puede presentarse aquella operación como un ingreso repartido entre todos los habitantes ni como dinero recibido íntegramente por el ayuntamiento.
En los últimos cinco años, una transformación concreta ha sido el aprovechamiento de parte de ese terreno para infraestructura sanitaria, después de la inundación que inutilizó el hospital del IMSS en Tula en septiembre de 2021. En 2023 se inauguró la Unidad de Medicina Familiar número 37, con una inversión superior a 169 millones de pesos y diez consultorios de medicina familiar. Posteriormente, el Hospital General de Zona número 5 comenzó su primera fase de atención el 27 de abril de 2026, con consulta externa de especialidades. La distinción importa: son una unidad de medicina familiar y un hospital general con especialidades, no dos hospitales diferentes.
Esa infraestructura abre posibilidades para proveedores, transporte, alimentación y otros servicios locales. Sin embargo, su existencia no demuestra por sí sola un crecimiento generalizado de los ingresos municipales o familiares. Evaluar el desarrollo de 2021 a 2026 exige medir empleos permanentes, contratación de empresas locales, accesibilidad y servicios efectivamente disponibles. Una obra puede cambiar el paisaje antes de cambiar las condiciones de vida.
La trayectoria política también obliga a examinar la calidad de las instituciones. Jovani Miguel León Cruz, alcalde entre 2016 y 2020, recibió dos sentencias por uso ilícito de atribuciones y facultades durante 2025: una de dos años y medio y otra de tres años. En enero de 2026 obtuvo la suspensión condicional de otro proceso. Miguel Ángel López Hernández, conocido como “El Pollo”, fue vinculado a proceso en noviembre de 2024 por presunto peculado; las investigaciones difundidas incluyeron recursos relacionados con el mercado municipal. No deben confundirse ambas situaciones: una vinculación a proceso no equivale a una condena. Además, en julio de 2025 se reportó una resolución de no vinculación en una imputación contra López Hernández, quien ha denunciado persecución política.
Estos antecedentes ayudan a entender por qué cada nuevo proyecto necesita información verificable y vigilancia pública. No permiten, por sí solos, atribuir todas las resistencias ciudadanas a intereses partidistas. La confianza se reconstruye con contratos accesibles, cuentas claras y resultados comprobables.
El rechazo al Parque Ecológico y de Reciclaje quedó expresado en la consulta del 14 de diciembre de 2025. En el conjunto de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula participaron 12 mil 259 personas, equivalentes a 8.77% de la lista nominal: 7 mil 736 votaron en contra y 4 mil 334 a favor. El 63.10% de rechazo corresponde a los participantes de los tres municipios, no a toda la población de Tlaxcoapan. Tras el resultado, el gobierno federal anunció que buscaría otra ubicación, que finalmente fue en Puebla.
Después, el conflicto por el relleno sanitario de Siete Mezquites, situado en Tula, en el entorno de Teocalco y próximo a Tlaxcoapan, involucró especialmente a habitantes de Tezontepec de Aldama. La oposición se centró en posibles afectaciones al acuífero y al manantial de Cerro Colorado. En agosto se difundió una opinión técnica de Conagua que advertía un riesgo potencial de contaminación; en septiembre se informó que el predio carecía de autorización para operar o recibir residuos. Por tanto, este episodio no puede reducirse a otra negativa de “Tlaxcoapan”: tiene una ubicación, actores y argumentos ambientales propios, pero impacta en la región.
La controversia más reciente tiene otra escala. El 12 de septiembre, la asamblea ejidal de San Bartolomé Doxey decidió no autorizar terrenos y caminos ejidales para la Feria de la Flor y la carrera “Corriendo entre las Flores”. Sin embargo, los organizadores anunciaron modificaciones al recorrido para mantener las actividades del 17 y 18 de octubre. Hay, por tanto, una negativa al uso de determinados espacios, no una cancelación definitiva acreditada de la carrera. El desacuerdo exige negociación entre propietarios y organizadores; también muestra la necesidad de establecer reglas previas sobre recorridos, responsabilidades y beneficios para los productores.
La seguridad constituye otro límite para cualquier perspectiva de desarrollo. Cinco intervenciones documentadas ilustran la dimensión del problema:
- Marzo de 2023, Teocalco. Fue descubierto un túnel de 165 metros conectado a un ducto de Pemex. La información judicial posterior consignó 204 mil 500 litros de combustible y 21 vehículos asegurados. En julio de 2026 se reportaron sentencias contra once personas relacionadas con aquel caso.
- Diciembre de 2024. El Gabinete de Seguridad federal informó de una intervención en un hotel de Tlaxcoapan con siete hombres detenidos, dos armas largas, tres cortas y una granada de mano aseguradas.
- 20 de enero de 2025, Teocalco. Fuerzas federales localizaron otro túnel dentro de una bodega. Se reportaron al menos once detenidos; días después fueron retiradas seis pipas y dos cabezas de tráiler que permanecían aseguradas en el inmueble.
- Mayo de 2026, Doxey. La FGR informó del cateo de un inmueble donde aseguró aproximadamente mil 440 litros de hidrocarburo, 70 contenedores, una camioneta y cinco tramos de manguera.
- 31 de agosto de 2026, La Vega. Un operativo coordinado permitió asegurar 6 mil 331 litros de hidrocarburo, 77 contenedores y siete vehículos; tres unidades tenían reporte de robo.
El episodio más reciente es la destrucción de un túnel clandestino en Teocalco, Tlaxcoapan. Según el reporte de Periódico El Origen, autoridades estatales realizaron los trabajos el 22 de septiembre de 2026 mediante maquinaria pesada, como parte de las acciones contra el robo de combustible. Para este miércoles 23, a las 12:00 horas, la Secretaría de Gobierno convocó a un acto en avenida del Trabajo, cerca de la Estación de Teocalco, con asistencia anunciada del Gabinete de Seguridad; el medio adelantó que ahí se ofrecerían mayores detalles. La intervención debe evaluarse también por su seguimiento: esclarecer responsabilidades, informar los resultados judiciales e impedir que esta infraestructura vuelva a instalarse.
El balance plantea una exigencia que va más allá de los decomisos: impedir que vuelvan a operar las redes que financian la extracción ilegal. Desactivar una toma, asegurar un inmueble y destruir un túnel son etapas distintas; la población necesita conocer sus resultados y el seguimiento judicial.
¿Hacia dónde va Tlaxcoapan? Puede aprovechar la infraestructura sanitaria, fortalecer sus comercios y vincular la producción agrícola con actividades turísticas acordadas con los propietarios. Para ello necesita autoridades capaces de negociar antes de anunciar, proyectos con beneficios locales medibles y controles ambientales verificables. La ciudadanía, a su vez, puede exigir condiciones y plantear alternativas sin que toda discrepancia termine en ruptura.
Recibir pagos por una compraventa de tierras no obliga a aceptar cualquier proyecto posterior, como tampoco rechazar una instalación resuelve las necesidades de empleo o disposición de residuos. El reto de Tlaxcoapan es pasar de decisiones aisladas a una política de desarrollo compartida. Su futuro dependerá de la capacidad para convertir las oportunidades en acuerdos duraderos, con legalidad, seguridad y beneficios que puedan comprobarse.
