Se atribuye el caso a omisiones en la formalización de una donación y a una deficiente defensa jurídica. La negociación para recuperar el espacio contempla entre 10 y 12 millones de pesos adicionales.
La Universidad Politécnica de la Energía (UPE), ubicada en Tula de Allende, dejó de utilizar un edificio construido con una inversión pública de aproximadamente 30 millones de pesos, después de perder un litigio por la propiedad del terreno. Para recuperar el espacio, las autoridades educativas han planteado una compra que implicaría destinar recursos adicionales a un predio donde el Estado ya financió infraestructura.
Daniel Fragoso Torres, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Hidalgo, reconoció que el conflicto se originó en una donación de terrenos que no quedó formalizada. Una particular reclamó la propiedad y obtuvo una resolución favorable; posteriormente, la universidad retiró equipos y materiales de las aulas y laboratorios que ocupaba.
El problema ya estaba documentado desde junio
La pérdida del espacio no es un hecho conocido por primera vez esta semana. El 15 de junio se publicaron declaraciones de Fragoso Torres que situaban la resolución favorable a la reclamante en diciembre de 2025.
En esa explicación, el funcionario señaló que el documento de donación no fue protocolizado ni inscrito en el Registro Público de la Propiedad. La falta de regularización dejó expuesta a la institución ante el reclamo de quienes acreditaron derechos sobre una parte de sus terrenos. El conflicto limitaba las posibilidades de crecimiento de la universidad.
El caso comprende dos espacios reclamados por particulares. Uno corresponde al terreno donde se construyó el edificio cuyo litigio se perdió; el otro se encuentra al frente de la universidad y ha permanecido en negociación.
En el primer inmueble hay aulas y un espacio utilizado como auditorio. El monto de alrededor de 30 millones fue presentado como inversión en la construcción, por lo que no debe confundirse con un avalúo actualizado del terreno y del edificio.
Comprar el terreno para recuperar el uso
La alternativa económica ya tiene un rango publicado. En un reporte posterior, el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, señaló que la negociación para adquirir el predio contemplaba entre 10 y 12 millones de pesos.
El funcionario explicó que se buscaba una propuesta aceptable para la persona que ganó el juicio y viable para las finanzas estatales.
Si la adquisición se concretara en ese rango, los desembolsos asociados a la construcción y a la recuperación del terreno sumarían aproximadamente 40 a 42 millones de pesos. Es un cálculo basado en los montos publicados, no una cifra oficial de daño patrimonial ni de gasto ya ejercido.
Una universidad pública creada en 2014
La UPE es un organismo público descentralizado del Gobierno de Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública estatal. Su decreto de creación fue publicado el 22 de diciembre de 2014.
Su sede está en la carretera Cruz Azul–Bomintzhá, kilómetro 3.1, en Tula de Allende. La oferta institucional consultada incluye cuatro ingenierías: Energía y Desarrollo Sostenible, Logística, Petrolera y Seguridad para la Industria Energética, además de cuatro programas de Técnico Superior Universitario vinculados con esas áreas.
Responsabilidades todavía sin esclarecer
El subsecretario Fragoso atribuyó el desenlace a fallas de antiguos servidores públicos: “Hay un tema de negligencia de algunos exfuncionarios que no lo defendieron como tenían que haberlo defendido”, declaró en el reporte de septiembre.
Desde junio se reportó una investigación del órgano interno de control por las omisiones relacionadas con la donación. Sin embargo, no hay una resolución que identifique responsables o establezca sanciones.
Está pendiente de esclarecer quién autorizó invertir sin concluir la regularización, cómo se defendió el inmueble y qué condiciones tendría una eventual compra. Mientras tanto, el resultado concreto es una universidad que perdió el uso de infraestructura financiada con dinero público y un gobierno que busca recursos para recuperar el terreno donde ya construyó.
