Por Noe Paredes Meza*
Hace unos días se aprobó la modificación de la Política Estatal Anticorrupción alineada al Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2022 – 2028, gracias a un acuerdo que impulsa nuestro gobernador Julio Menchaca, de la mano de la Secretaría de la Contraloría y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.
Ese acuerdo, prometen, abre canales y espacios de colaboración entre instituciones para combatir la corrupción, además de que busca la participación de la ciudadanía en asuntos públicos con el fin de procurar un estado democrático y transparente.
Suena muy bien. Se necesita un plan estratégico y mucha coordinación para echar a andar una de las máquinas más potentes e importantes de administración, y con ello garantizar el desarrollo integral de nuestro estado, así como su estabilidad a corto, mediano y largo plazo.
Dicho plan se encuentra plasmado en la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo, mismo que se alinea a la Agenda 2030 de la ONU y al Plan Nacional Anticorrupción, entre otros documentos de índole nacional e internacional y contempla diferentes insumos estadísticos e informativos para su construcción.
A grandes rasgos, el documento integra en ocho capítulos los conceptos, estadísticas, ejes y objetivos prioritarios que dan origen a las acciones para el combate a la corrupción, así como los mecanismos para su implementación, monitoreo y evaluación.
Me parece interesantísimo, pues leyendo este documento y sus actualizaciones, encuentro orden, coherencia y mucho trabajo derivado de un esfuerzo conjunto entre instituciones.
¿Pero?
No me gusta ser pesimista, pero como buen empresario y crítico de nuestro sistema político, tomo en cuenta los números y los hechos, éstos siempre son el mejor indicador para establecer parámetros, entender contextos y tomar decisiones. Los números no mienten, mientras que las portadas y los medios, puede que sí.
El Sistema Nacional Anticorrupción se creó en el año 2015 y se puso a disposición en el 2016; sin embargo, el Índice de Percepción de la Corrupción nos muestra que las acciones y políticas en materia de transparencia y combate a la corrupción a nivel nacional no han sido del todo efectivas, pues desde el año 2016 hasta el 2020, nos encontramos entre los lugares 120 y 138 de 180 países evaluados.
Además de que, con estos números, México obtiene el galardón por ser el país más corrupto de la OCDE y de los peores del G20.
En lo que respecta a nuestro estado, para el año 2021, el INEGI, en su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, reportó que en el estado de Hidalgo el 50% de la población de 18 años y más encuentra a la corrupción como el tercer problema más importante en la entidad, sólo por debajo del desempleo y la inseguridad, así como por encima de la pobreza.
Además, la misma encuesta señala que para los habitantes de Hidalgo la corrupción es una práctica muy frecuente en los policías con 90% de incidencia, seguido por los partidos políticos con un 89.4%, Ministerio Público con un 78.9%, Gobiernos Estatales con un 77.8%, Diputados y Senadores con 76.4%, entre otros, todos éstos, por encima del índice promedio a nivel nacional de cada categoría.
Como “buena noticia”, Hidalgo no se encuentra entre los estados más corruptos a nivel estatal y más del 50% de la población en nuestro estado se muestra con disposición para participar en programas de prevención y combate a la corrupción.
¿Cómo vamos?
Me parece que, desde la sociedad civil organizada y la iniciativa privada hemos dado algunos tiros de precisión al exigir ante las autoridades que se tomen cartas en el asunto ante los desvíos y desfalcos de las que todas y todos los hidalguenses hemos sido víctimas, mismas que se notan abiertas y ordenadas para unir esfuerzos y ser parte de la lucha.
¿Será que este nuevo régimen estatal deje de formar parte de las peores estadísticas en corrupción?
