Por: Fernando Ávila Báez
Se termina el séptimo mes del año 2020, que lleva el nombre del dictador que cumplía años el día 13 de este período. Iulius, Julius, Julio.
En este julio negro que ya se va se rompieron todos los pronósticos sobre COVID-19 para México y los efectos mortales de la pandemia hicieron eco en el territorio de todas sus entidades: ¡45 mil decesos!
Pero el número de muertos en el país al terminar julio sigue siendo la suma integrada de los saldos que arrojan las principales causas: el coronavirus y la violencia, más de 55 mil pérdidas humanas.
Unos 45 mil decesos por contagio, según las cifras oficiales que extraoficialmente pueden ser el doble en la realidad.
Más unos quince mil homicidios dolosos entre enero y mayo de este año, con el mes de marzo como el período de mayor incidencia, con 3 mil 209 casos.
Tres son los sectores involucrados en el fenómeno, que a su vez obedece a una serie de factores internos y externos: las autoridades gubernamentales de salud y de seguridad, los grupos que atentan contra la integridad de las personas y la población en general.
Las iniciativas de los gobiernos estatales, junto con lo que han podido hacer los alcaldes, pasaron a ser en la etapa más crítica de la pandemia -que es la que vivimos en este julio de 2020- un factor valioso de apoyo.
Debe destacarse que, en el panorama nacional -y mundial- Hidalgo avanzó en la generación de opciones para atacar la pandemia. Como resultado de los estudios clínicos en fase II de las células madre mesenquimales y exosomas, 26 pacientes hidalguenses que se encontraban graves tras contraer Covid-19, recuperaron su salud gracias a la cooperación entre Hidalgo y Japón, informó el gobernador Omar Fayad.
Solamente bajo la fórmula de sumar-sumar ha sido posible atenuar la saturación de los espacios hospitalarios de los sistemas públicos de salud.
Lamentablemente, en espacios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se convirtieron en el escenario de la muerte; sí se desocupaban camas para atender a más pacientes contagiados de COVID-19, pero la causa más frecuente de la desocupación ha sido la muerte de los pacientes, no su recuperación, como era deseable.
A pesar de la gravedad de las circunstancias, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala a México como uno de los países en donde el manejo de a pandemia no ha cumplido con los estándares globales, la urgencia de tener ingresos y reactivar la economía ante la pérdida de empleos y el cierre de negocios, sacó a la gente a la calle, y en muchos casos, los echó a morir.
La espera no pudo contenerse.
El grueso de la población ha tardado en reaccionar sobre las medidas urgentes indispensables para superar el doloroso episodio desde la esfera preventiva. En julio, después de haber anunciado y celebrado un fugaz semáforo naranja, Hidalgo volvió a semáforo rojo.
Muchos especialistas han coincidido en que la obesidad, la baja calidad en la alimentación de muchos mexicanos, la hipertensión, la diabetes y otros padecimientos de presencia masiva en nuestra población, y una información tomada con equivocación, han contribuido a la pérdida de miles de vidas.
La acelerada reincorporación a la vida productiva en los centros laborales, centros comerciales, negocios de diverso género, se encontró además con un aumento alarmante en el número de robos a casas habitación y a negocios.
En cuando a los delitos que se cometen y que incluyen la muerte de una o varias personas, las dependencias federales y estatales se han visto superadas por la capacidad de acción y por el armamento con el que cuentan los grupos delincuenciales organizados.
Las corporaciones municipales, limitadas a acciones preventivas, siguen siendo blanco de infiltraciones y amenazas, dos males que las anulan frente a las operaciones delictivas.
De esta manera, ha sido agotadora la espera de la población nacional, sobre todo porque, junto a la urgencia que impone la sociedad al gobierno para que declare fechas específicas, vive cada día entre el punto más alto de riesgo de contagio y el acoso de los delincuentes.
No obstante, Hidalgo registró en junio 2 mil 614 delitos, lo que está por debajo del promedio nacional de incidencia delictiva que fue de 4 mil 431. Se mantiene como uno de los estados con menor incidencia de la Zona Centro, pese a estar rodeado de aquellos con mayor registro de incidencia nacional, como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Querétaro, entre otros, de acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
En junio 2020, Hidalgo ocupó el lugar 20 en el ranking nacional, mejoró su posición al bajar 2 lugares con relación al mes de mayo que estuvo en el lugar 18. La integración a la nueva normalidad ha tenido como resultado que en junio el país tuvo en promedio un incremento del 16.3% con respecto al mes anterior.
Ha sido en este mismo julio de 2020 cuando los países europeos han ido recuperando su normalidad en nuevas condiciones y cuando China ha reportado ya el primer día sin fallecimientos a causa de COVID-19.
México y sus estados, entre ellos -claro- Hidalgo, se incorporan a la nueva realidad pagando el alto precio de miles de vidas humanas por la pandemia y por el crimen.
Y, aunque no se ve que pronto vaya a cambiar este panorama, la entidad despunta en varios aspectos, lo que deberá ser informado, entendido y asumido por la población.
