En medio de la tormenta que desató la toma de protesta en el Senado de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hay a nivel nacional y en el orden estatal para Hidalgo una muy apretada agenda por atender en la materia, máxime cuando estamos bajo la lupa de organismos internacionales.
Recordemos que, después de la tragedia del 18 de enero, en que resultaron fallecidas 117 personas, la CNDH determinó la apertura de un expediente de queja en el caso de Tlahuelilpan, Hidalgo, “al igual que lo ha hecho en otras ocasiones, en atención a su trascendencia e impacto social, debido al elevado número de personas que perdieron la vida y resultaron heridas en los hechos, así como a las circunstancias en que se habrían desarrollado los mismos, conforme a la información difundida por diversos medios de comunicación, la cual daría algún tipo de participación, directa o indirecta, a autoridades federales, estatales y municipales”.
De los avances sobre este expediente, hasta ahora.. nada.
Mientras, en Hidalgo, el abogado Alejandro Habib Nicolás, quien por 25 años ha sido servidor público en seis período gubernamentales de la entidad, notario público con licencia, fue consejero estatal del PRI y presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), fue electo el 28 de agosto de 2018 con 26 votos a favor y cuatro en contra como nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHDH) para el ciclo del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2023.
Pese a que sólo había ejercido un año de gestión al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro Habib Nicolás, participó, dentro del total de 57 aspirantes, en el proceso de elección del nuevo Ombudsperson del país, cargo que finalmente recayó en Rosario Piedra Ibarra.
La violencia social derivada del boom (literal) del huachicoleo -la sustracción directa de los ductos y la venta ilegal del combustible-, los casos de linchamientos que llevaron al gobierno a crear un protocolo de intervención oficial en casos de violencia colectiva, están entre las prioridades que urgen atención.
Igualmente el número de feminicidios cometidos en la entidad en fechas recientes y las desapariciones cada vez más numerosas en distintas regiones de Hidalgo.
Esto, junto con las vulnerablidades del sistema penitenciario estatal, así como el todavía no resuelto tema de la aprobación legal para la interrupción del embarazo hasta antes de las doce semanas de gestación, aunque ya se cuenta con el marco legal para los matrimonios igualitarios.
Así están configuradas las principales aristas de reflexión en torno al tema de los derechos humanos en Hidalgo, a la par del accidentado relevo en la CNDH.
