Por: María Antonieta López García.
-¡Los hombres somos mejores que las mujeres…! Exclamó Leonardo.
-¡No! ¡Las mujeres somos mejores que los hombres…! Replicó Teresa.
¿Cuántas ocasiones hemos escuchado esto? Para muchas personas la idiosincrasia del mexicano está enfocada al machismo, al patriarcado, a que el hombre desarrolla más habilidades que la mujer.
Sin embargo, en la década de los setentas del siglo veinte la situación cambió radicalmente con el crecimiento de una corriente ideológica y pragmática denominada Feminismo.
Las graduales reformas políticas y estructurales han permitido que ante esa “lucha” entre machismo y feminismo se juegue un papel de intermediario, desde el punto de vista legal.
Sin duda alguna, la década de los 50s del siglo pasado marcó la pauta para que la mujer tuviera los mismos derechos políticos que los hombres, es decir poder votar y ser votada.
Tal cambio significó para México ser el último país latinoamericano en otorgar ese derecho a las mujeres.
Fue el 17 de octubre de 1953 cuando el entonces Presidente de la República, Lic. Adolfo Ruíz Cortines, publicó en el Diario Oficial de la Federación el derecho que adquirían las mujeres mexicanas para emitir su voto libre, directo, secreto y universal.
Sin embargo, fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando se ejerció plenamente el citado derecho al llevarse a cabo las elecciones intermedias para la XLIII Legislatura.
Pero, ¿Qué efecto ha tenido en la práctica ese derecho tan codiciado por las mujeres?
Lo cierto es que culturalmente nos sigue costando trabajo aceptar tal situación; estamos por terminar el año 2019 y aun así, la resistencia es más que manifiesta y peor cuando hoy existe el derecho de las mujeres a ocupar el 50% de los cargos de elección popular.
Como mexicanos comprometidos con los nuevos tiempos, debemos aceptar que la capacidad de las mujeres para ocupar puestos de carácter público no es algo subjetivo, sino que es toda una realidad.
Por ello, el argumento para establecer la igualdad entre el varón y la mujer consagrados en el artículo 4 de la Constitución, así como como el derecho de las mujeres para ocupar puestos de elección popular en un 50%, no deben ser una utopía.
La sociedad mexicana tuvo que esperar 24 años para que se reconociera el sufragio de la mujer, y fue solo hasta 1979 cuando México tuvo a la primera gobernadora estatal (de Colima), Griselda Álvarez.
El sufragio femenino significó el reconocimiento a la igualdad en la participación política. A partir de entonces ha continuado permanentemente la lucha de las mujeres por sus derechos a participar en la toma de decisiones del país.
A todos los mexicanos: Trabajemos juntos y sigamos esforzándonos en implementar políticas públicas que fomenten la participación de la mujer en la toma de decisiones en todos los ámbitos, para construir juntos un México libre, justo y equitativo.
