Por: Fernando Ávila Báez
Mediante la emisión de un acuerdo fechado el 29 de abril y ratificado el 15 de mayo, a propósito de la contingencia impuesta por la pandemia del SARS-Cov-2 (COVID19), el gobierno federal ha dispuesto que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asuma el mando principal y único sobre la producción y distribución de energía eléctrica, aunque esto deba costar graves daños a la de por sí ya muy lastimada naturaleza circundante.
La fórmula es simple: la voluntad de refinar más petróleo en el país para no depender de las importaciones de combustibles genera cantidades insostenibles de combustóleo y se ha decidido que este material más el que resulte de la mayor refinación en las seis plantas más una, la de Dos Bocas en Tabasco, se utilice para generar energía eléctrica.
En la zona industrial de Tula-Atitalaquia operan, como se sabe, dos importantes plantas asociadas a esta dinámica: la Refinería “Miguel Hidalgo” de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos”, de la CFE, que tiene una capacidad de generación para 1500 megawatts sumando sus cinco unidades.
Cancelada la obra del gasoducto Tuxpan Tula, como parte de la cancelación de los seis ductos que imponían en contratos “leoninos” a la CFE cláusulas de fuerza mayor o caso fortuito (que ya le habían costado a la empresa 5 mil 800 millones de pesos) en el futuro lo que se advierte es que se retorne al uso de combustóleo para cumplir con sus procesos de producción energética.
La nueva disposición deja fuera a las empresas, organismos, entidades y personas, que han empeñado recursos y esfuerzos en la apertura de opciones renovables para la generación de electricidad, sin cargos al entorno ambiental.
El estado de Hidalgo apuntaba ya hacia la vanguardia en el cumplimiento de las tendencias globales de sustentabilidad mediante el uso de energías renovables, al instalar en Nopala de Villagrán el Parque “Guajiro” de energía solar en más de 400 hectáreas que, con la operación de los 370 mil paneles, podría abastecer de energía limpia a unos 120 mil hogares; se ahorraría la emisión de unas doscientas mil toneladas anuales de bióxido de carbono.
El 3 de mayo inició la suspensión – “mientras dura la contingencia”- de pruebas de distribución de energía eléctrica de las plantas solares y eólicas que ya estaban por entrar a operar comercialmente, en el país hay 67 parques solares y 62 eólicos, algunas de esas empresas mexicanas y extranjeras ganaron licitaciones internacionales desde 2015, por lo que se ha soltado una serie de amparos legales en contra de la medida.
No hay una fecha para la terminación de la pandemia, así que el acuerdo seguirá vigente y la tendencia que advierten los especialistas es que se retorne en definitiva al uso del combustóleo para producir energía, desplazando a las “energías limpias”.
Lo cierto es que no se ha retirado el disimulo con que las autoridades abordan el vínculo del grave fenómeno de contaminación en Tula con el escandaloso aumento de casos de enfermedad y muerte por cáncer y otros padecimientos.
¿Cuánto hemos avanzado con el plan que anunció el gobierno federal para rescatar a la región declarada en emergencia ambiental, “prácticamente inhabitable” el 16 de julio de 2019?
¿Cómo va la aplicación de los 22 mil millones de pesos en 34 acciones institucionales de la agenda ambiental, anunciada el 8 de octubre de 2019?
Mientras tanto, las masivas emisiones tóxicas que se esperan en Tula, al retomarse el uso de combustóleo para el proceso de generación de energía eléctrica, no son más que una muerte anunciada. Otra más.
