La motocicleta dejó de ser un vehículo marginal para convertirse en parte cotidiana del paisaje urbano y rural de México.
Su menor precio, ahorro de combustible, facilidad de estacionamiento y capacidad para desplazarse entre congestionamientos explican buena parte de su expansión.
Los datos dimensionan el cambio: INEGI contabilizó 8 millones 953 mil 446 motocicletas registradas en México en 2024, frente a alrededor de 1.5 millones en 2012; es decir, el parque se multiplicó casi seis veces en poco más de una década.
En Hidalgo el fenómeno también es visible y, particularmente en el corredor Tula–Tepeji, basta observar carreteras, centros urbanos y comunidades para advertir que la motocicleta ya forma parte estructural de la movilidad.
El crecimiento obliga a replantear la convivencia vial. El automóvil ya no puede conducirse como si la calle estuviera ocupada solamente por vehículos de cuatro ruedas, pero tampoco el motociclista puede asumir que su tamaño le permite circular entre carriles, rebasar sin visibilidad, invadir sentidos contrarios o prescindir de casco, placas y reglas de tránsito.
A la siniestralidad se agrega una dimensión de seguridad: en Hidalgo las carpetas por robo de motocicleta pasaron de 767 en 2021 a 1,499 en 2024, y durante julio de 2026 se denunciaron 95 robos, 35.7% más que los 70 del mismo mes de 2025.
En Tula, además, se reportaron 61 robos de motocicletas durante 2025. Las autoridades también han advertido sobre motocicletas utilizadas para facilitar algunos delitos; pero es importante no trasladar esa circunstancia al conjunto de motociclistas: millones las utilizan legítimamente para trabajar, estudiar y trasladarse.
La respuesta, por tanto, no debería ser una confrontación entre automovilistas y motociclistas, sino adaptar nuestras calles a una realidad que llegó para quedarse.
Esto implica casco certificado para conductor y acompañante; placas y documentación obligatorias; luces encendidas y equipo reflejante; límites de velocidad y cero conducción bajo alcohol; evitar transportar más personas de las permitidas; capacitación antes de obtener licencia y vigilancia efectiva contra maniobras de riesgo.
Para los automovilistas significa revisar espejos y puntos ciegos antes de cambiar de carril, utilizar direccionales, guardar distancia y entender que una motocicleta tiene el mismo derecho a ocupar un carril.
Y para los gobiernos supone mejorar señalización, iluminación y pavimentos, profesionalizar la educación vial, generar estadísticas municipales específicas y combatir las unidades sin identificación.
La motocicleta no es por sí misma el problema: el desafío es aprender a compartir un espacio público que cambió mucho más rápido que nuestros hábitos de conducción.
