Por Fernando Ávila Báez.
Los gobiernos municipales en el estado de Hidalgo, de 2.8 millones de habitantes, han cumplido su primera mitad y se aprestan a completar el período, agobiados por malestares internos semejantes y acosados por los mismos peligros externos.
La generación de 84 alcaldes hidalguenses (apenas 15 de los cuales son mujeres) de mayor pluralidad con que haya vivido un gobernador, entregó los informes sobre el segundo año de su trabajo al frente de la administración.
Con los informes municipales terminó de sepultarse la serie de rituales que distinguió al viejo régimen.
Porque en julio una arrasadora mayoría dio un giro hacia la izquierda en el sistema político nacional, y porque la población cayó en la conciencia de que no debe celebrar, sino exigir, a quien está obligado a cumplir con su responsabilidad.
Hay problemas muy serios que enfrentan los presidentes municipales a inicio de esta segunda mitad hacia el interior de los gobiernos locales, y hacia afuera, no obstante que -en general- mantienen un buen nivel de aceptación entre sus gobernados.
Las administraciones de Pachuca, Tulancingo, Huejutla, Ixmiquilpan y Tula, como municipios y como centros regionales, enfrentan el desafío de re configurar sus procesos internos y replantearse sus relaciones con los actores sociales, no tanto con los políticos (por ahora).
La composición de los Ayuntamientos, en tanto cuerpos colegiados, todavía exhibe los efectos adversos de la colocación por premio, recompensa, recomendación cuota o compadrazgo de ciertos síndicos, regidores y regidoras que han quedado muy cortos en el cumplimiento de su función.
La integración de los equipos de trabajo sin un liderazgo bien consolidado mantiene conviviendo a recomendados y amigos, que no lo son necesariamente entre sí, y que hace ver más las deficiencias de los servidores públicos que sus buenos resultados.
El déficit entre los recursos públicos disponibles y las necesidades de las poblaciones se ha agrandado por la combinación de diversos factores como el incremento de la población, la escasez de empleos y los limitados ingresos de las familias.
Ante ello, los grupos sociales se han vuelto más exigentes, más demandantes, más críticos, sin elevar el índice real de la participación ciudadana.
El entorno político generado antes, durante y después de las elecciones del 1 de julio, más la asunción de los nuevos representantes populares en el congreso del estado y en la legislatura federal, también han puesto a prueba en esta transición de medio tiempo a las alcaldías y a sus ayuntamientos.
Y, claro, la problemática social asociada al incremento de la delincuencia en todas sus formas, los daños por el desorden ambiental y los impredecibles fenómenos de la naturaleza son las principales amenazas de los gobiernos municipales.
El impacto real y mediático del robo de combustible, tan socorrido en la región sur de Hidalgo (en donde se genera poco más de la mitad del PIB estatal anual) los dos últimos años, no opaca la contundencia de los robos de auto, a negocios y a casas, que tienen suministro de actores en la migración y el turismo delictivos.
Los recientes linchamientos que derivaron en Hidalgo de una psicosis inducida en las redes sociales reflejan la grave inestabilidad en que mantiene a la población el nerviosismo por alcanzar soluciones rápidas a sus problemas.
Al mismo tiempo, no dejan de ocurrir accidentes vinculados con la alta velocidad y el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, con pérdida de vidas y daños materiales.
Al iniciar la segunda mitad de sus mandatos, están muy claros los retos para los gobiernos municipales y están muy a la mano las soluciones.
Obviamente que la nueva realidad social, económica y política obliga (o debe obligar) a los presidentes municipales a rediseñar sus planes, afinar el trazo de sus proyectos, elevar la calidad de sus procesos.
Administrar bajo reglas de transparencia en la información y rendición de cuentas en el manejo de unas lastimadas finanzas públicas, es de terapia intensiva; la desconfianza social sigue por las nubes.
En suma, es inminente una reingeniería de sus gobiernos, que les permita llegar con suficiente amplitud de margen para operar sus propias sucesiones.
La primera tarea debe ser la reestructuración de sus equipos de trabajo, para subsanar las cuarteaduras que mantiene la relación de uno o varios servidores públicos aislados, con “la gente del presidente”.
Es urgente mejorar las relaciones de los gobiernos con la sociedad a través de los medios de comunicación; definir con claridad y precisión una política de comunicación social que mantenga el control sobre la imagen pública del gobierno, a menudo vulnerada r la volatilidad socia en redes sociales.
Hoy apremia la re alfabetización política para hacer posible el entendimiento entre actores tan diferentes, bajo condiciones que los participantes no conocían, y que hoy están descubriendo que no es lo mismo ver los toros desde la barrera.
