*¿Por qué los productores agrícolas no están de acuerdo en algunos aspectos de la refoma?
La nueva Ley de Aguas en México busca garantizar el derecho humano al agua, fortalecer la rectoría del Estado y regular las concesiones. Sin embargo, los campesinos se oponen porque temen perder certeza jurídica sobre sus pozos y derechos de uso, además de restricciones en la transmisión de concesiones.
La nueva Ley de Aguas pretende modernizar la gestión hídrica y garantizar el acceso equitativo, pero los campesinos la ven como un riesgo para sus derechos adquiridos y su economía rural. El debate sigue abierto entre la visión de sustentabilidad y rectoría estatal frente a la exigencia de seguridad jurídica y autonomía en el campo.
La discusión y posible aprobación de la nueva Ley de Aguas está prevista para este diciembre de 2025, en el actual periodo legislativo. De aprobarse, marcará un cambio histórico en la gestión del agua en México, con un enfoque en justicia hídrica, sustentabilidad y control estatal.
Cinco principales aspectos de la nueva Ley de Aguas
1. Agua como derecho humano y bien público
- Se establece que el agua deja de considerarse una mercancía y se reconoce como un derecho humano fundamental.
2. Rectoría del Estado en la gestión hídrica
- El Estado mexicano recupera el control sobre concesiones y asignaciones de agua, con mayor supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
3. Reforma al régimen de concesiones
- Se prohíbe la transmisión de concesiones de agua entre particulares, buscando evitar acaparamiento y especulación.
- Se aclara que las concesiones pueden heredarse únicamente junto con la propiedad legítima de la tierra.
Sustentabilidad y sanciones
- Se introducen medidas para un uso sustentable del recurso y sanciones más severas contra el uso indebido o la sobreexplotación de acuíferos.
4. Inclusión de sectores productivos
- Se incorporan demandas de ganaderos y agricultores, como la regularización de zonas de libre alumbramiento y la eliminación de la “negativa ficta” (rechazo automático de solicitudes).
¿Por qué los campesinos no están de acuerdo?
- Prohibición de transmitir derechos de agua: El artículo 22 impide que los campesinos transfieran sus concesiones, lo que consideran una amenaza a sus prácticas tradicionales y a la seguridad jurídica de sus tierras.
- Temor a perder certeza jurídica: Productores rurales señalan que la reforma elimina claridad sobre la propiedad y uso de pozos agrícolas, generando incertidumbre en la planeación de sus cultivos.
- Impacto económico: Argumentan que limitar la transmisión de concesiones y endurecer regulaciones puede afectar la viabilidad de sus proyectos agrícolas y ganaderos.
- Falta de consulta suficiente: Aunque se incorporaron más de 50 modificaciones, organizaciones campesinas afirman que no se escucharon plenamente sus demandas y mantienen la amenaza de bloqueos carreteros.
- Desconfianza hacia la gestión centralizada: Consideran que el mayor control estatal puede derivar en burocracia y en decisiones que no reflejen las necesidades locales.
La nueva Ley General de Aguas en México ya cuenta con dictamen aprobado en comisiones y está lista para ser discutida en el pleno de la Cámara de Diputados durante diciembre de 2025. Se prevé que su aprobación ocurra en este mismo periodo legislativo, antes de que concluya el año.
- Calendario legislativo: El documento se encuentra listo para debate en el pleno y se espera que sea votado en las próximas sesiones de diciembre.
- Mandato constitucional: Esta ley responde a una obligación pendiente desde 2012, cuando se estableció en la Constitución que debía expedirse una nueva Ley General de Aguas.
- Objetivos principales:
- Garantizar el derecho humano al agua.
- Fortalecer la rectoría del Estado sobre el recurso.
- Erradicar prácticas abusivas como el acaparamiento y la sobreexplotación.
- Reconocer sistemas comunitarios tradicionales y dar certeza jurídica a concesiones.
