Este 18 de marzo se cumplen 81 años de la expropiación petrolera, evento ocurrido en 1938 y que marcó la economía de México durante todo el Siglo XX.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabeza en la refinería Miguel Hidalgo de Tula, el acto oficial en el que manifiesta puntuales pronunciamientos sobre los temas torales de la actual industria petrolera mexicana.
Y es que los esfuerzos del presidente Lázaro Cárdenas para concretar la expropiación, épicamente respaldados por el pueblo mexicano en su tiempo, se convirtieron en apenas una anécdota bajo las normas del modelo económico neoliberal.
Petróleos Mexicanos, una de las empresas petroleras de mayores dimensiones en América Latina y en el mundo, ha sido por décadas objeto de atroces actos de corrupción, lo mismo por altos funcionarios que por trabajadores.
Los ataques a PEMEX, que incluyen negocios turbios entre grupos de interés y el robo de combustibles desde adentro y desde afuera, que llegó a generar pérdidas por 55 millones de pesos diarios, terminaron por poner a la empresa en medio de una severa crisis que ha merecido un plan gubernamental de emergencia para su rescate.
De noviembre de 2014 a 2018 se abrieron 34 mil 17 carpetas de investigación por delitos relacionados con el robo de hidrocarburos.
En 2019 hay por lo menos dos mil, pero nueve de cada 10 de estas acusaciones han recaído únicamente en el eslabón externo que sostiene este “negocio”: en las personas que almacenan, sustraen y transportan combustible, mejor conocidos como huachicoleros.
Apenas en la segunda decena de marzo, un grupo de militares fue atacado a balazos por un grupo de supuestos ordeñadores en la comunidad de Ulapa, en los límites de Tetepango con Mixquiahuala, y en el fuego cruzado -al repeler la agresión los uniformados- un joven de la localidad resultó muerto a tiros.
Desde el 1 de enero a la fecha hay sólo 133 personas detenidas relacionadas con esta actividad. El número inicial fue de 600, pero el delito no merecía prisión preventiva oficiosa.
En sólo dos meses se congelaron 907 millones de pesos involucrados en el robo de hidrocarburos, lo que implica más que todo lo asegurado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada durante el año pasado.
Se han asegurado 6,600 vehículos propiedad de presuntos delincuentes, y hay poco 14 millones de litros de combustible recuperado.
Algunos empleados de confianza y otros más sindicalizados han sido señalados como responsables, pero a unos días del aniversario 81 de la expropiación petrolera, a poco más de los cien días del gobierno de la cuarta transformación, no se sabe bien a bien si la organización interna sigue intacta.
En 2018, la petrolera mexicana registró pérdidas por 148.6 mil millones de pesos (unos mil 227 millones de dólares). Su producción bajó de 2.52 millones a 1 millón 750 mil barriles diarios, en promedio.
La importación de gasolinas registró un nivel récord el 2018 con 594.8 miles de barriles diarios, lo que significó un gasto de 18 mil 966 millones de dólares para Petróleos Mexicanos (Pemex).
Desde 2014, el volumen de las gasolinas que llegó a México creció 60.53 por ciento, pasando de 370.5 miles de barriles diarios a 594.8 miles de barriles diarios en 2018.
El intento de rescate por la crítica situación de Pemex y sus doce filiales ha puesto al descubierto temas de los que el viejo sistema ha preferido mejor no hablar.
El más importante es el de la subcontratación que se practicaba hasta hace unos meses en sus plantas y plataformas. Un oscuro mecanismo que en el actual marco jurídico no tiene obligación alguna de archivar registros de cómo operan los proveedores.
Otra es la historia de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que pagó sobornos para conseguir contratos en varios países de América Latina, trabajó siempre bajo los velos de contratos cuyo contenido nunca fue revelado.
Hoy protagoniza la trama más compleja de sobornos en América Latina con obra de gran envergadura paralizada, indignación popular y detenciones en serie, excepto en México, donde el sistema alcanzó a proteger a sus protagonistas, los mismos que -sin embargo- todo indica que serán llamados a cuentas, según se espera en la visita presidencial de hoy 18 de marzo a la refinería de Tula.
