Tula, ante una nueva escala de desarrollo: convertir la fuerza industrial en bienestar metropolitano

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El corredor Tula–Tepeji y el triángulo Tula–Atitalaquia–Atotonilco concentran infraestructura energética, manufactura y nuevas inversiones logísticas. Su oportunidad es nacional; su desafío se mide en salarios, agua limpia, salud y tiempo para vivir.

Tula tiene frente a sí una oportunidad que va más allá de atraer otra fábrica. Su posición dentro de una región que produce energía, transforma materias primas, mueve mercancías y recibe crecimiento habitacional puede fortalecerla como centro de servicios y articulación económica del sur de Hidalgo. Pero esa posibilidad enfrenta una condición: la riqueza industrial debe convertirse en mejores condiciones de vida para quienes habitan el territorio.

La dimensión del cambio ya tiene expresión institucional. La plataforma del Gobierno de Hidalgo sobre la Zona Metropolitana del Valle de México incorpora a Tula de Allende, Tepeji del Río de Ocampo, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan, Tizayuca, Tolcayuca y Villa de Tezontepec. El conjunto metropolitano comprende 84 demarcaciones de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. La coordinación que requiere esta escala abarca transporte, vivienda, agua, servicios y medio ambiente.

En ese escenario, el eje Tula–Tepeji y el triángulo Tula–Atitalaquia–Atotonilco pueden entenderse como dos espacios complementarios. El primero enlaza centralidad urbana, manufactura y distribución; el segundo reúne una fuerte concentración de actividades energéticas, industriales y de transformación.

El tamaño de la oportunidad puede resumirse en cuatro municipios:

MunicipioPoblación censada en 2020Superficie aproximada¹Perfil productivo y función regional
Tula de Allende115,107336 km²Servicios, comercio, actividad industrial y energética regional; patrimonio turístico y atención a municipios vecinos.
Tepeji del Río de Ocampo90,546353 km²Manufactura textil, actividad industrial y logística vinculada con la carretera México–Querétaro.
Atitalaquia31,52564.2 km²Refinación, parques industriales, transformación y proveeduría.
Atotonilco de Tula62,470122.3 km²Cemento y materiales minerales no metálicos, equipos eléctricos, automatización y tratamiento de aguas residuales.

Los cuatro sumaban 299,648 habitantes en 2020, cálculo realizado con los datos censales. Es una base comparable, no una estimación de población para 2026. Atotonilco destaca por haber crecido alrededor de 101% entre 2010 y 2020, frente a 17.2% de Atitalaquia y 10.8% de Tula: ritmos distintos que exigen respuestas urbanas diferenciadas.

La conexión con la carretera federal 57 explica parte del atractivo. Las empresas buscan acceso al mercado del Valle de México y continuidad hacia Querétaro y el Bajío. Para Tula, la posibilidad consiste en aprovechar esa circulación para ofrecer servicios especializados, abastecimiento, mantenimiento, educación y comercio, además de funcionar como lugar de residencia.

Un ejemplo verificable es Central Park 57, en Tepeji. En marzo de 2026, Logistic Properties of the Americas anunció un acuerdo de aproximadamente 200 millones de dólares para adquirir progresivamente inmuebles industriales desarrollados por Fortem Capital. El parque proyecta alrededor de 195 mil metros cuadrados de superficie rentable, conversión de los 2.1 millones de pies cuadrados reportados por la empresa. La operación depende de avances de construcción, arrendamiento y autorizaciones: no representa una inversión totalmente desembolsada ni empleos ya materializados.

La región tampoco comienza de cero. Cuenta con instalaciones energéticas y manufactureras existentes, empresas alimentarias y cementeras, talleres y proveedores. Cargill mantiene presencia en el Parque Industrial Atitalaquia; Cementos Fortaleza desarrolla actividad y programas comunitarios en Atotonilco. Esa base permite pensar en cadenas regionales de suministro, aunque la existencia de grandes plantas no demuestra por sí sola cuánto compran a negocios locales.

Para dimensionar el siguiente ciclo de crecimiento, conviene separar lo que ya funciona de lo que permanece en ejecución o anunciado:

Instalación o proyectoEvidencia documentadaLectura de su situación
Automatización de WEG, AtotonilcoAmpliación inaugurada en enero de 2025, con aproximadamente 4,900 m².Infraestructura inaugurada; incorpora producción, ingeniería y formación.
Transformadores de WEG, AtotonilcoNueva unidad anunciada de 33,000 m², dentro de un programa multinacional con calendario hasta diciembre de 2026.Proyecto anunciado; la fuente consultada no acredita su conclusión local.
Central Park 57, TepejiDesarrollo por etapas y acuerdo de adquisición progresiva de unos US$200 millones.No debe contabilizarse como totalmente concluido u ocupado.
Refinería de TulaModernización y colocación de un reactor hidrodesulfurizador supervisadas en enero de 2026.Refinería existente con obras y equipos de modernización; cada componente requiere seguimiento propio.
Nueva central de ciclo combinado Francisco Pérez RíosEl Gobierno federal informó el inicio de construcción.Proyecto en desarrollo para sustituir generación a base de combustóleo.
Restauración de la cuenca del TulaMás de $900 millones anunciados para acciones durante 2026.Recursos programados, cuyo ejercicio y resultados deben verificarse.

Estas cifras no deben sumarse como una sola bolsa regional: mezclan monedas, periodos, inversión pública, adquisición de activos y proyectos con diferente avance. En particular, los montos globales de WEG para varios países no corresponden íntegramente a Atotonilco.

También hay proyectos que deben salir del inventario de expectativas locales. El parque de economía circular propuesto en Hidalgo fue rechazado en una consulta de diciembre de 2025 y, en enero de 2026, la Presidencia anunció su traslado a Puebla. Mantenerlo como inversión futura asegurada para Tula inflaría artificialmente las perspectivas.

La actividad energética, metalmecánica, extractiva y de transformación tiene condiciones para seguir generando valor. La fabricación de equipos eléctricos, la automatización, el mantenimiento y la logística amplían el panorama más allá de la industria pesada tradicional. La extracción de materiales y la producción de cemento seguirán vinculadas con la construcción, pero sus ingresos futuros dependerán de demanda, costos, tecnología y cumplimiento ambiental.

Para los pequeños negocios, la oportunidad está en participar en esa cadena: reparación especializada, soldadura certificada, instrumentación, transporte, servicios contables, alimentación, uniformes y suministros. Capturar esa demanda exige capacitación, calidad y capacidad de entrega. También requiere que las grandes empresas abran procesos accesibles para proveedores regionales y paguen en plazos que no asfixien a quienes tienen menos capital.

El beneficio decisivo, sin embargo, se mide en el trabajo. Como referencia estatal, Data México reporta para el primer trimestre de 2026 aproximadamente 1.47 millones de personas ocupadas en Hidalgo, con 71.2% de informalidad. La plataforma registra un ingreso laboral mensual promedio de alrededor de 7,050 pesos, con diferencias entre trabajadores formales e informales. Estas cifras no representan el salario de cada municipio ni el sueldo de una plaza industrial de tiempo completo.

La pregunta pertinente es cuántos empleos nuevos serán permanentes, tendrán seguridad social, permitirán ascender y podrán ser ocupados por habitantes de la región. Un anuncio de miles de puestos requiere distinguir construcción temporal, contratación directa, servicios externos y estimaciones indirectas. Sin esa separación, la expectativa supera fácilmente al resultado.

El presupuesto doméstico muestra por qué importa. La ENIGH 2024 para Hidalgo registró un ingreso corriente promedio trimestral por hogar de 59,461 pesos, equivalente a unos 19,820 mensuales, y un gasto corriente monetario de 36,414 pesos trimestrales, aproximadamente 12,138 al mes. Son promedios estatales: el ingreso incluye componentes no monetarios, por lo que su diferencia con el gasto no equivale a ahorro disponible.

En el gasto monetario estatal, alimentos, bebidas y tabaco absorbieron 39%; transporte y comunicaciones, 20.4%; educación y esparcimiento, 8.8%, y salud, 4.4%. Un crecimiento que encarezca vivienda y traslados puede consumir parte de la mejora salarial.

La metrópoli también se experimenta en minutos. En 2020, el traslado promedio al trabajo era de 25.7 minutos en Tula, 23.1 en Atitalaquia y 37.3 en Atotonilco; en este último municipio, 17.6% tardaba más de una hora. Son referencias censales, no mediciones del tráfico actual, pero revelan una desigualdad territorial previa al nuevo ciclo de inversión.

La respuesta necesita transporte intermunicipal confiable, conexiones con centros de trabajo y escuelas, seguridad peatonal y ordenamiento del transporte de carga. Ampliar vialidades sin resolver los desplazamientos cotidianos puede mejorar la circulación de mercancías y dejar intactas las dificultades de los trabajadores.

En salud, el nuevo Hospital General de Zona de Tula, ubicado en Doxey, Tlaxcoapan, representa una infraestructura regional. El IMSS informó en julio de 2026 una apertura escalonada, con consulta externa, laboratorio y rehabilitación entre los servicios en funcionamiento. Su proyecto contempla 144 camas de hospitalización y 298 camas totales, categorías que no deben confundirse. El beneficio dependerá también de personal, medicamentos, especialidades y acceso desde las comunidades.

La educación superior constituye una pieza clave para el desarrollo regional. La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT), la Universidad Politécnica de la Energía (UPE) y las escuelas superiores de Tlahuelilpan, Tepeji del Río y Atotonilco de Tula, pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), conforman una base académica estratégica para preparar a las nuevas generaciones. El desafío es fortalecer su vinculación con las necesidades industriales, energéticas, ambientales y de servicios del corredor, mediante prácticas profesionales, investigación aplicada y formación continua que permitan traducir las inversiones en empleos de calidad y oportunidades para la población local.

El mayor condicionante del desarrollo es ambiental. El decreto federal de restauración del área de influencia de la presa Endhó abarca 36,637.93 hectáreas en ocho municipios. Su existencia reconoce una problemática que rebasa fronteras municipales y exige responsabilidades compartidas. La actividad productiva futura debe considerar esa carga acumulada.

En agua, Semarnat anunció para 2026 intervenciones que incluyen 38 kilómetros de colectores, mejoras operativas en la planta de tratamiento de Atotonilco, rehabilitación de infraestructura de CFE y humedales. Su evaluación debe seguir el volumen efectivamente tratado, la calidad de las descargas, el reúso seguro y la reducción del riesgo de inundación. Construir infraestructura es una etapa; mantenerla funcionando es la tarea permanente.

La misma exigencia aplica al aire. La transición energética y la modernización industrial deben acompañarse de mediciones públicas de emisiones y calidad ambiental. Para cementeras, bancos de materiales y plantas de transformación, las prioridades incluyen control de polvo, eficiencia energética, trazabilidad de residuos y restauración de áreas intervenidas. Para los gobiernos, corresponde revisar impactos acumulados, evitar asentamientos en zonas de riesgo y asegurar vigilancia efectiva.

Los habitantes pueden esperar oportunidades de empleo, servicios y emprendimiento, pero necesitan herramientas para participar: formación pertinente, información pública de vacantes, organización de proveedores y acceso a decisiones sobre agua, suelo y movilidad. Las familias propietarias de terrenos requieren información clara antes de vender o comprometer su patrimonio; las comunidades deben poder revisar proyectos y exigir que las promesas se conviertan en obligaciones comprobables.

A los ayuntamientos les toca construir una agenda común con indicadores públicos: empleos formales creados, contratación local, salarios, tiempos de viaje, disponibilidad de agua, atención médica y reducción de contaminantes. A las empresas, transparentar resultados y asumir los costos ambientales de su actividad. A universidades y organizaciones, aportar conocimiento y vigilancia social.

La expresión “nueva zona dorada del desarrollo integral en el centro del país” puede servir como aspiración. Para merecerla, Tula y su región tendrán que demostrar que producen riqueza y la convierten en bienestar compartido. El éxito será reconocible cuando una familia encuentre empleo digno cerca de casa, reciba atención médica oportuna, disponga de agua segura y pueda respirar mejor en el mismo territorio que sostiene la industria.

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Fernando Ávila Báez
Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Especialista en Análisis Político para la Comunicación Social, Diplomado por la Fundación Manuel Buendía y por el Centro Internacional de Investigación Política y Desarrollo Estratégico (CIIPDE). Maestro en Educación (Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación) por la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID). Doctor Honoris Causa por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa (CIHCE). Locutor de radio y televisión certificado por la SEP. Medalla “Luis M. Farías” 2018 de la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM) por 25 años de locución profesional. Capacitador externo registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Capacitador certificado por el CONOCER. Autor de los libros Manual de Comunicación Práctica y Comunicación Para Líderes. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en otras instituciones universitarias. Es Director General del Instituto Comunicación Para Líderes, (Consultoría en Imagen Pública y Comunicación Social). Imparte seminarios, cursos, talleres y conferencias sobre temas de educación, comunicación y desarrollo humano (motivación, liderazgo, toma de decisiones, solución de conflictos, integración grupal, equipos de alto rendimiento).