Este domingo 1 de diciembre de 2019 el presidente Andrés Manuel López obrador cumple un año como jefe del Poder Ejecutivo del gobierno federal.
Su proyecto es denominado por el propio mandatario como la Cuarta Transformación de México, en referencia a los grandes momentos históricos que hemos vivido como país: la Independencia, La Reforma, y La Revolución.
La principal tesis del gobierno de López Obrador es separar en México la política de la economía, que fue el signo de los gobiernos neoliberales del país, desde 1976 hasta 2018.
No obstante, la economía global que apunta hacia una importante desaceleración ha impuesto condiciones al sistema económico mexicano.
Aunque la producción nacional y el intercambio comercial del país con sus principales socios (Estados Unidos, Canadá, China) todavía se ve fuerte, se están tomando previsiones para enfrentar una posible recesión.
El estandarte en esta cruzada de reconfiguración nacional ha sido la lucha contra la corrupción en todas sus formas, incontables figuras que en otro tiempo se mantuvieron impunes están hoy en pleno proceso para que sean castigados por la justicia.
El principal apoyo para impulsar la lucha anticorrupción, y el resto de los ejes de la 4T, es el respaldo popular al presidente López Obrador, lo que se busca refrendar en el acto masivo convocado para el domingo 1 de diciembre en el zócalo de la Ciudad de México.
Esto, aunque las casas encuestadoras más importantes del país dan cuenta de una caída de por lo menos 10 puntos porcentuales en la popularidad del Ejecutivo en semanas recientes, a razón de una serie de acontecimientos en los que el gabinete parece no haber estado a la altura de las circunstancias.
Para establecer las bases de la renovación estructural de las instituciones, ha sido necesario desmantelar el viejo sistema, mediante reformas a la Constitución y a muchas de las leyes específicas.
De manera que el proceso de transformación ha alcanzado también a los otros dos poderes de la Unión.
En el poder legislativo, en donde los diputados y los senadores son mayoría (eso que esta semana, en plena austeridad republicana se aprobaron un aumento de 50% a su aguinaldo), y en el poder Judicial, se viven también momentos de adecuación a la nueva perspectiva nacional; aunque en ambos espacios, sus miembros han tenido que sortear toda clase de inconvenientes.
Las entidades federativas se han ido ajustando, con mayor o menor celeridad, a la nueva dinámica institucional.
En algunos casos, como en el Estado de Hidalgo, el denominado “efecto López Obrador” benefició electoralmente a grupos políticos y a candidatos opositores al régimen anterior, que participaron y ganaron bajo los colores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero que obedecen a viejos liderazgos locales que hoy buscan tener el control del partido político del presidente en el territorio hidalguense.
El estado de Hidalgo ha destacado, sin embargo, por ser de los primeros en adaptar sus esquemas gubernamentales a los vientos nuevos, los de la cuarta transformación.
La buena relación personal entre el gobernador Omar Fayad Meneses y el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha traducido en importantes acciones de gobierno con impacto favorable para la entidad.
Así lo consignan las frecuentes visitas del presidente, y las reuniones entre ambos mandatarios, tanto en el territorio de Hidalgo como en otras partes del país, principalmente -por supuesto- en la Ciudad de México.
La continua presencia de la figura presidencial en la entidad ha tenido alcances históricos, como recordamos en el operativo coordinado al más alto nivel para atender la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan el 18 de enero de este 2019 que arrojó 137 pérdidas humanas.
Se cumple, pues, un año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, Hidalgo marcha en la primera fila de la cuarta transformación, aunque a los ojos de todos se requiere un mejor desempeño de sus legisladores locales y federales.
