Historias que hacen historia.
Por Fernando Alfonso Ávila Hernández
El 24 de diciembre de 2018 falleció la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, junto con el exgobernador y senador Rafael Moreno Valle, al desplomarse el helicóptero en el que viajaban sobre Coronango, Puebla.
Alrededor de este hecho se han tejido diversas historias, que van desde la hipótesis del atentado directo hasta una supuesta desaparición planeada para evadir las consecuencias de la auditoría, pasando por una presunta “historia negra” del matrimonio del poder poblano, según la cual tendrían ciertas alianzas con grupos criminales.
Este es el más reciente caso dentro de una larga cadena de acontecimientos trágicos relacionados con aeronaves en nuestro país.
Durante los últimos sexenios, se han registrado varios accidentes aéreos en lo que han muerto políticos y funcionarios del Gobierno mexicano.
El 21 de septiembre de 2005, murió Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública del gabinete del expresidente Vicente Fox, al caer el helicóptero en que viajaba en una zona boscosa del Estado de México.
En febrero de 2005, murió el exgobernador de Colima, Gustavo Alberto Vázquez Montes, junto con seis personas más, al caer su avioneta en Michoacán.
El 4 de noviembre de 2008, Juan Camilo Mouriño, de 37 años, el segundo secretario de Gobernación del gobierno de Felipe Calderón, y otras trece personas, murieron en un accidente aéreo mientras viajaban a bordo de una Learjet 45, proveniente de San Luis Potosí.
El avión se estrelló en una zona densamente poblada del poniente de la capital.
En el mismo accidente murió José Luis Santiago Vasconcelos, quien era fiscal antidrogas y en el momento de su deceso, era titular de la Secretaría Técnica de Seguridad del gobierno.
Tres años después, en 2011, Francisco Blake Mora, el cuarto secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón, quien tenía un papel clave en la lucha contra el narcotráfico, murió junto con siete acompañantes al caer el helicóptero en el que viajaban al sur de Ciudad de México.
Antes de Blake Mora, Francisco Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño y Fernando Gómez Mont estuvieron en el cargo de secretario de Gobernación.
La muerte accidental de Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle representa en sí misma una pérdida para el panismo nacional, pues pierde a dos de sus más prominentes figuras de oposición al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (que ha apurado las indagatorias e informa puntualmente de los avances).
Asimismo, desaparece quien ya era visto como el aspirante albiazul más fuerte para disputar la Presidencia en 2024 y quien no alcanzó a llegar a la cita navideña con sus padres en las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.
El helicóptero Augusta A.109S Grand Matrícula XA-BON, con certificado de aeronavegabilidad vigente, propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, despegó a las dos treinta de la tarde del helipuerto “EL Triángulo de las Ánimas” en Puebla.
El plan de vuelo preveía su arribo al helipuerto “Capital” en el edificio de una estación radiofónica en la alcaldía Miguel Hidalgo; pero apenas diez minutos después del despegue, a tres millas náuticas del helipuerto Hermanos Serdán, la nave se precipitó a tierra y cayó de cabeza. La nariz perforó el terreno casi dos metros de profundidad; un desplome en picada a alta velocidad, afirman los peritos.
Apresuradamente, algunos advierten que la pugna post electoral entre el PAN y MORENA por los resultados electorales de gobernador en Puebla, sería la razón de un atentado para aniquilar al adversario político; esta es la postura abierta de la derecha y ultraderecha.
Juicios precipitados, osadas opiniones, conclusiones superficiales, impiden pensar que, por protocolo internacional, la investigación de un accidente aéreo la emprende el ente especializado del país en donde ocurre, que para este caso es la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el país constructor del aparato siniestrado (Italia) y el fabricante de las turbinas (Canadá) sede de la compañía aeroespacial Pratt&Whitney.
México normalmente ha recurrido al Buró Nacional de Transporte y Seguridad Aérea de Estados Unidos (NTSB), que se excusó argumentando que en estos momentos la unión americana enfrenta USA dificultades en cuanto a la operación de su gobierno.
No se ha considerado procedente ni necesaria la invitación al FBI y otras agencias de investigación criminal que en un principio había sugerido el gobierno federal de México.
Los expertos señalan que, si hubiera en las causas del accidente alguna implicación criminal, tendría que ser la agencia correspondiente del país en donde ocurrió la tragedia, y eventualmente se invitaría a otras agencias
El error más grave que se ha cometido en este caso, opina el periodista Raúl Rodríguez Cortés, ha sido la pronta criminalización del hecho, lo cual ya ejerce una especie de manipulación del posible resultado de las investigaciones.
Casi al siguiente día de los hechos, se difundió en redes sociales un video que corresponde al derribamiento de una nave en Ucrania en 2014 y se le quiso hacer pasar como el accidente de Puebla.
Miles lo creyeron y otros más se apuraron a descalificar esta información dolosa; pero si algo queda claro en este incidente de inicio de gobierno es que el sexenio va a estar marcado por estos hechos, con todo lo que implican, y que el poder de las redes sociales, que encumbra, que impulsa, que sostiene, también puede ser un Talón de Aquiles y convertirse en el principal enemigo de un gobierno.
