La universidad secuestrada.
Por: Fernando Ávila Báez.
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), creada el 24 de febrero de 1961, por el decreto número 23 de la cuadragésima tercera (XLIII) Legislatura Local, e incluida este año 2017 por el Times Higher Education (THE), uno de los organismos evaluadores internacionales de la calidad educativa con mayor prestigio y aceptación oficial, dentro del exclusivo grupo de las mejores mil 100 instituciones de educación superior del mundo, está en una grave encrucijada histórica.
Manejada desde 1982 por el denominado “Grupo Universidad”, que encabeza Gerardo Sosa Castelán (jefe del denominado “Clan Sosa”), esa casa de estudios ha fungido como un “ente de poder que le permitió ser dos veces diputado federal, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) y aspirar dos veces a ser postulado candidato a gobernador (en 1998 y en 2005).
La Universidad ha oscilado entre el protagonismo institucional que la ha llevado por tres años consecutivos al primer lugar nacional en cuerpos académicos consolidados, y la presión política, en la que algunos analistas observan que habría sido utilizada para ponerla al servicio de un partido político.
Por eso a algunos analistas les parece paradójico que quien tiene en su poder a la UAEH argumente la autonomía para una controversia contra el decreto de la Cámara de Diputados, mientras utiliza a la comunidad universitaria como estructura de Movimiento Ciudadano, o jamás hubiera involucrado a partidos como sucedió.
Primero con el Revolucionario Institucional (PRI), en donde al cerrarse sus ciclos, buscó influir en otros partidos para combatir al tricolor en el poder: luego vendría el Social Demócrata (PSD), también Acción Nacional (PAN), con el que ganó algunas posiciones, y hasta intentó crear un instituto político estatal con el Proyecto de la Sociedad Hidalguense (PSH)”.
El Congreso del Estado aprobó el 5 de octubre pasado el decreto 228 por el que se establece que seis organismos públicos tendrán un órgano de control interno, a fin de contribuir a la transparencia y a la rendición de cuentas, sobre los recursos que reciben del estado:
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), el Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo (IEEH), el Tribunal Electoral del Estado (TEEH), el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), así como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos Personales (ITAIH).
La UAEH ha comenzó enseguida una campaña en contra de esa disposición, bajo el argumento de que se viola la autonomía universitaria, y el propio Rector Adolfo Pontigo Loyola inició ante el Poder Judicial de la Federación el trámite de un amparo contra lo aprobado por el Congreso y adelantó que recurrirán a un “movimiento social”, que incluye manifestaciones públicas.
Al respecto, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía, aseguró que la creación de los órganos de Control Interno no violenta la autonomía de la universidad de Hidalgo (UAEH), pues su implementación forma parte de del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), e indicó que su creación busca otorgar confianza al ciudadano de que todas las instituciones y organismos que reciben dinero público cumplen con las metas y acciones programadas.
Detrás de la campaña universitaria en contra de la que llaman “Ley Fayad”, observadores especializados como el periodista Alberto Witvrun advierten detrás la mano y el “doble discurso” de Gerardo Sosa Castelán, a quien describen como un hombre soberbio y altamente irascible que actúa ahora “con temor a la transparencia, pues se pone en riesgo la discrecionalidad con la que se manejan los recursos públicos asignados a la institución”.
Muy larga y muy nutrida es la historia de las acciones emprendidas por las huestes de Gerardo Sosa para desafiar abiertamente -incluso con acciones porriles de corte radical y violento- a los gobernadores en turno, desde su “inventor” Jorge Rojo Lugo hasta el actual Omar Fayad Meneses, a quien le ha tocado en suerte instrumentar el sistema estatal anticorrupción, del que ya existe desde abril de este año el andamiaje jurídico armonizado con el accidentado sistema nacional.
Sistema que ya cuenta desde el pasado 5 de octubre con un fiscal anticorrupción, Ricardo César González Baños; y que ya puede instalar órganos internos de control para fiscalizar el ejercicio de los recursos que el estado provee a entidades autónomas como la Universidad estatal; esto, si otra cosa no sucede, en medio de este fuerte, fortísimo, olor a 2018.
