La oposición al nuevo relleno sanitario combina preocupaciones por el agua, desconfianza hacia las autoridades y una disputa política entre municipios. Hasta ahora, sin embargo, no existen pruebas públicas suficientes para afirmar que el movimiento ciudadano sea dirigido por un partido.
Redacción
En el paraje conocido como Siete Mezquites, cerca de la comunidad de Teocalco, la basura dejó de ser únicamente un problema de servicios públicos. El nuevo relleno sanitario impulsado por el gobierno municipal de Tula de Allende se convirtió en el centro de una disputa ambiental, social y política que involucra a comunidades de Tezontepec de Aldama y otros municipios del Valle del Mezquital.
Los habitantes inconformes aseguran que el depósito de residuos podría poner en riesgo los mantos acuíferos que alimentan el manantial de Cerro Colorado. Las autoridades estatales sostienen que el proyecto fue autorizado conforme a la normatividad ambiental y que los estudios disponibles respaldan su viabilidad. En medio de ambas posiciones aparece una pregunta cada vez más frecuente: ¿la resistencia es exclusivamente ciudadana o existen intereses partidistas detrás de ella?
La evidencia disponible permite identificar una competencia política entre gobiernos de distinto origen, pero no demuestra que los activistas sean operadores de algún partido.
Una región rebasada por sus residuos
La controversia comenzó en un contexto de emergencia. El sitio utilizado anteriormente para recibir los desechos de Tula llegó al límite de su capacidad, mientras que la región enfrenta tiraderos clandestinos, depósitos sin control y dificultades para encontrar lugares que acepten su basura.
De acuerdo con información atribuida por El Universal a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, la zona genera alrededor de 600 toneladas diarias de residuos. Ante el agotamiento de la infraestructura existente, el ayuntamiento de Tula inició la construcción del nuevo relleno en Siete Mezquites. La crisis, por tanto, no desaparece con la suspensión del proyecto: solamente cambia de lugar y aumenta el riesgo de que la basura termine en sitios improvisados o clandestinos.
El problema tampoco es exclusivo de Tula. La Semarnath informó que detectó en Tezontepec de Aldama un tiradero a cielo abierto en la comunidad de Huitel y otros puntos relacionados con el manejo irregular de residuos. La dependencia anunció que analizaría posibles sanciones contra el municipio.
Ese señalamiento fortaleció el argumento de quienes defienden Siete Mezquites: Tezontepec se opone al relleno de Tula, dicen, pero tampoco ha resuelto completamente el destino de su propia basura. Para los activistas, en cambio, la existencia de tiraderos clandestinos no justifica instalar otro depósito cerca de una zona que consideran estratégica para el abastecimiento de agua.
El agua como centro de la protesta
El Frente en Defensa del Agua y otros grupos comunitarios advierten que los lixiviados —líquidos contaminantes producidos por la descomposición de residuos— podrían filtrarse al subsuelo y alcanzar el sistema hídrico relacionado con Cerro Colorado.
Los opositores sitúan el relleno aproximadamente a 3.7 kilómetros del manantial y sostienen que esa fuente abastece a unas 300 mil personas de Tezontepec, Mixquiahuala, Tetepango, Progreso de Obregón y otros municipios. La cifra y la relación hidrogeológica exacta deben ser comprobadas mediante estudios oficiales independientes, pero explican por qué el conflicto ha logrado movilizar a comunidades fuera de Tula.
Las movilizaciones incluyeron bloqueos, recorridos por el predio y reuniones con funcionarios. Después de una protesta se firmó una minuta para mantener cerrado el lugar mientras se revisaban sus condiciones. Los inconformes, sin embargo, aseguran que su demanda no es una revisión temporal, sino la cancelación definitiva y el retiro de los residuos que ya habrían sido depositados.
La Semarnath afirma que la autorización ambiental se tramitó conforme a la legislación. Al mismo tiempo, solicitó la intervención de la Comisión Nacional del Agua para realizar estudios complementarios. Esta decisión puede interpretarse como una medida de apertura, pero también revela que los dictámenes existentes no consiguieron generar confianza entre las comunidades.
El Congreso de Hidalgo pidió una revisión técnica independiente. Los legisladores evitaron pronunciarse anticipadamente por la cancelación o aprobación y plantearon que la viabilidad sea determinada mediante evidencia científica, transparencia documental y protección del derecho al agua.
La sospecha política
La confrontación tiene una dimensión partidista objetiva. Tula es gobernado por Cristhian Martínez Reséndiz, electo bajo las siglas de Morena y Nueva Alianza Hidalgo. Tezontepec de Aldama está encabezado por Ana María Rivera Contreras, quien contendió mediante la candidatura común integrada por PAN, PRI y PRD, según documentación del Instituto Nacional Electoral.
A ello se suma la participación pública de regidores de la coalición PAN-PRI-PRD y de una representante independiente, quienes han pedido transparencia y protección para el manantial. Los propios regidores exhortaron a dejar de lado las especulaciones y los intereses políticos.
La alcaldesa de Tezontepec negó expresamente que la oposición tenga fines partidistas. Argumentó que el agua es un derecho humano y que la preocupación atraviesa afiliaciones y colores políticos.
El contraste es evidente: un ayuntamiento encabezado por Morena impulsa una solución para sus residuos, mientras un gobierno surgido de una alianza opositora respalda o acompaña las objeciones procedentes del municipio vecino. Esa configuración puede producir incentivos políticos: desgastar al adversario, fortalecer liderazgos locales o convertir una causa ambiental en plataforma electoral.
Pero un incentivo no constituye una prueba.
Hasta ahora no se han hecho públicos documentos, transferencias, instrucciones partidistas, listas de movilización financiadas o testimonios verificables que demuestren que PAN, PRI, PRD u otra fuerza controle el movimiento. Tampoco basta que funcionarios o militantes acompañen una protesta para concluir que la originaron. La presencia partidista merece ser investigada, pero no permite descalificar automáticamente una preocupación ambiental respaldada por habitantes sin militancia conocida.
Integrantes del movimiento de defensa de los manantiales de Tezontepec de Aldama advierten que los lixiviados podrían afectar la zona de recarga hídrica.
Crédito: Foto: Especial / Criterio Hidalgo.
Los indicios que faltan
Una investigación capaz de confirmar o descartar la intervención partidista tendría que responder, al menos, quién financia los traslados, mantas, difusión y asesoría jurídica del movimiento; quién administra sus páginas y grupos de comunicación; si sus voceros ocupan cargos partidistas; y qué reuniones han sostenido con dirigentes o aspirantes electorales.
Del lado gubernamental también hacen falta respuestas. El ayuntamiento de Tula debe transparentar la propiedad del terreno, contratos, costos de construcción y operación, capacidad, vida útil, municipios que depositarían residuos y empresas participantes. La Semarnath tendría que publicar completos —no únicamente resumidos— el estudio de impacto ambiental, las coordenadas del proyecto, los análisis hidrogeológicos y los mecanismos previstos para controlar lixiviados y biogás.
La exigencia de transparencia debe aplicarse a ambos bandos. Investigar las relaciones políticas de los dirigentes sociales es legítimo; utilizar esas relaciones para evitar el escrutinio técnico del relleno no lo sería.
Un conflicto que ningún partido puede enterrar
Siete Mezquites concentra dos crisis. La primera es material: los municipios producen más residuos de los que pueden gestionar de manera segura. La segunda es de confianza: después de décadas de contaminación industrial, aguas residuales y proyectos impuestos o deficientemente explicados, una parte de la población ya no acepta como garantía suficiente la palabra de las autoridades.
La oposición de Tezontepec puede adquirir rentabilidad electoral y ser aprovechada por partidos contrarios a Morena. También es posible que funcionarios municipales intenten capitalizarla. No obstante, con la información pública disponible, presentar el movimiento como una operación partidista sería una conclusión anticipada.
Lo comprobable es que existe una preocupación comunitaria por el agua, una infraestructura regional insuficiente, gobiernos de distinto signo enfrentados y una transparencia todavía incompleta. Mientras no se publiquen estudios independientes y todos los contratos relacionados con el relleno, la sospecha continuará creciendo en ambas direcciones: unos pensarán que detrás de la protesta hay partidos; otros, que detrás del proyecto existen negocios o decisiones políticas no reveladas.
La basura necesita un destino. Pero la salida no puede consistir en trasladar el problema de un municipio a otro ni en enterrar, junto con los residuos, las preguntas de la población.
