Por Fernando Ávila Báez.

Medio siglo tuvo que pasar en la historia de México para que la élite adinerada perdiera el control político del país y la izquierda se hiciera del poder presidencial.

La paranoia gubernamental que impulsó los ataques criminales desde el Estado en contra de los estudiantes que demandaban libertades, es la misma que en dos ocasiones anteriores frustró el arribo del libre pensamiento democrático a la presidencia de la República.

El temor de que nuestro país se convirtiera en un territorio comunista y pusiera en riesgo las ganancias del sector privado cundió en 1968 cunde en 2018 y en esos cincuenta años ha arrojado millones de víctimas inocentes.

Los manifestantes de hace cincuenta años, médicos, trabajadores ferrocarrileros, maestros y estudiantes, estaban inspirados en el mismo principio que concretó la caída de viejo régimen: mayor apertura de las instituciones a la participación de la sociedad.

El liberalismo económico, y su posterior versión, que ganaron la partida mundial a la apuesta socialista e impusieron sus leyes mercantiles, arraigó en México, sin embargo, la cultura del atajo.

El fast track, animado por la urgencia de obtener un gran rendimiento de una inversión mínima, pasó de los temas financieros y de mercado, a los temas cotidianos.

La mercadotecnia, especialmente la publicidad, avasallaron en cinco décadas el criterio individual para someterlo a ligeros lineamientos colectivos, masivos.

El primer paso histórico fue la oferta de “partos sin dolor” y de estudiar oficios por correspondencia, hacia la década de 1970.

Enseguida vendrían:  bajar de peso, ganar dinero, cursar una profesión, ganar dinero, terapia breve, ganar dinero, servicio exprés, ganar dinero, comida rápida, ganar dinero, cremación de cadáveres, ganar dinero.

El acelerado crecimiento demográfico, la concentración de los capitales en una minoría, la escasez de oportunidades para el empleo (la misma que ha generado millones de artificiales emprendedores), fueron ingredientes flamables que se acumularon por cincuenta años.

De esta manera, la urgencia de los desempleados por conseguir dinero fácil (cosa reservada antes sólo a los políticos y a los policías), la “democratización” de productos violentos difundidos por los medios de comunicación de masas, crearon una nueva generación de delincuentes.

El crimen organizado y las recientes modalidades que han diversificado su influencia en robos, secuestros, tráfico de drogas, trata de personas, mercado negro de órganos, tráfico de especies animales en extinción, robo y comercialización de combustible, también son secuelas del 68.

La realidad hoy es que la minoría desplazada en las elecciones del domingo 1 de julio de 2018 se está despidiendo con medidas que merecerán un serio estudio histórico, en particular las que evidencias un manejo político del sistema de justicia.

Solamente en México apenas y se aplicaron ridículas sanciones menores por el asunto de la corrupción a funcionarios de Petróleos Mexicanos por parte de la pretrolera brasileña Odebrecht, un escándalo que llevó a la cárcel a ex mandatarios y ex funcionarios de primer nivel en media docena de países latinoamericanos.

Del dos de octubre al uno de diciembre de 2018, el viejo régimen dará todavía mucho que decir, porque todavía tendrá mucho qué hacer en la que parece ser su prioridad: la exoneración de sus actores implicados, desde Gustavo Díaz Ordaz hasta Cuauhtémoc de la Torre, hasta Jaime Allende González.

Las instituciones educativas, en donde se anida el pensamiento verdaderamente revolucionario, han sido exhibidas como nidos de corrupción e instrumentos del delito.

Hoy se habla de la reapertura de la antigua Normal de El Mexe, en Hidalgo, pero no se dice nada sobre el delincuente que desde la rectoría de la universidad que hoy es, se prestó a La Estafa Maestra “perdiendo” casi doscientos millones de pesos.

A cincuenta años del 2 de octubre de 1968, México vira a la izquierda, su gobierno comenzará sometido a las reglas del mercado: ya dieron a luz una versión reseteada del tratado trilateral de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

Por Fernando Ávila Báez.

Los gobiernos municipales en el estado de Hidalgo, de 2.8 millones de habitantes, han cumplido su primera mitad y se aprestan a completar el período, agobiados por malestares internos semejantes y acosados por los mismos peligros externos.

La generación de 84 alcaldes hidalguenses (apenas 15 de los cuales son mujeres) de mayor pluralidad con que haya vivido un gobernador, entregó los informes sobre el segundo año de su trabajo al frente de la administración.

Con los informes municipales terminó de sepultarse la serie de rituales que distinguió al viejo régimen.

Porque en julio una arrasadora mayoría dio un giro hacia la izquierda en el sistema político nacional, y porque la población cayó en la conciencia de que no debe celebrar, sino exigir, a quien está obligado a cumplir con su responsabilidad.

Hay problemas muy serios que enfrentan los presidentes municipales a inicio de esta segunda mitad hacia el interior de los gobiernos locales, y hacia afuera, no obstante que -en general- mantienen un buen nivel de aceptación entre sus gobernados.

Las administraciones de Pachuca, Tulancingo, Huejutla, Ixmiquilpan y Tula, como municipios y como centros regionales, enfrentan el desafío de re configurar sus procesos internos y replantearse sus relaciones con los actores sociales, no tanto con los políticos (por ahora).

La composición de los Ayuntamientos, en tanto cuerpos colegiados, todavía exhibe los efectos adversos de la colocación por premio, recompensa, recomendación cuota o compadrazgo de ciertos síndicos, regidores y regidoras que han quedado muy cortos en el cumplimiento de su función.

La integración de los equipos de trabajo sin un liderazgo bien consolidado mantiene conviviendo a recomendados y amigos, que no lo son necesariamente entre sí, y que hace ver más las deficiencias de los servidores públicos que sus buenos resultados.

El déficit entre los recursos públicos disponibles y las necesidades de las poblaciones se ha agrandado por la combinación de diversos factores como el incremento de la población, la escasez de empleos y los limitados ingresos de las familias.

Ante ello, los grupos sociales se han vuelto más exigentes, más demandantes, más críticos, sin elevar el índice real de la participación ciudadana.

El entorno político generado antes, durante y después de las elecciones del 1 de julio, más la asunción de los nuevos representantes populares en el congreso del estado y en la legislatura federal, también han puesto a prueba en esta transición de medio tiempo a las alcaldías y a sus ayuntamientos.

Y, claro, la problemática social asociada al incremento de la delincuencia en todas sus formas, los daños por el desorden ambiental y los impredecibles fenómenos de la naturaleza son las principales amenazas de los gobiernos municipales.

El impacto real y mediático del robo de combustible, tan socorrido en la región sur de Hidalgo (en donde se genera poco más de la mitad del PIB estatal anual) los dos últimos años, no opaca la contundencia de los robos de auto, a negocios y a casas, que tienen suministro de actores en la migración y el turismo delictivos.

Los recientes linchamientos que derivaron en Hidalgo de una psicosis inducida en las redes sociales reflejan la grave inestabilidad en que mantiene a la población el nerviosismo por alcanzar soluciones rápidas a sus problemas.

Al mismo tiempo, no dejan de ocurrir accidentes vinculados con la alta velocidad y el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, con pérdida de vidas y daños materiales.

Al iniciar la segunda mitad de sus mandatos, están muy claros los retos para los gobiernos municipales y están muy a la mano las soluciones.

Obviamente que la nueva realidad social, económica y política obliga (o debe obligar) a los presidentes municipales a rediseñar sus planes, afinar el trazo de sus proyectos, elevar la calidad de sus procesos.

Administrar bajo reglas de transparencia en la información y rendición de cuentas en el manejo de unas lastimadas finanzas públicas, es de terapia intensiva; la desconfianza social sigue por las nubes.

En suma, es inminente una reingeniería de sus gobiernos, que les permita llegar con suficiente amplitud de margen para operar sus propias sucesiones.

La primera tarea debe ser la reestructuración de sus equipos de trabajo, para subsanar las cuarteaduras que mantiene la relación de uno o varios servidores públicos aislados, con “la gente del presidente”.

Es urgente mejorar las relaciones de los gobiernos con la sociedad a través de los medios de comunicación; definir con claridad y precisión una política de comunicación social que mantenga el control sobre la imagen pública del gobierno, a menudo vulnerada r la volatilidad socia en redes sociales.

Hoy apremia la re alfabetización política para hacer posible el entendimiento entre actores tan diferentes, bajo condiciones que los participantes no conocían, y que hoy están descubriendo que no es lo mismo ver los toros desde la barrera.

México inicia una nueva etapa en su historia nacional. Cualquiera que haya sido el pasado de los actores en este nuevo ciclo, se trata en realidad de facetas distintas a todas las mostradas con anterioridad, por todos.

Los espectros de poder en las cámaras de senadores y diputados, hoy, no tienen nada que ver con lo que fueron Morena, PAN, PRI y las chiquilladas partidistas antes del 1 de julio y antes del 1 de septiembre.

Hidalgo está en su tiempo.

Este 4 de septiembre se cumplen los primeros dos años de gestión gubernamental de Omar Fayad Meneses.

En los veinticuatro meses que ha sido mandatario sentó las bases para una nueva dirección en el rumbo institucional de la entidad.

Atento a la realidad nacional, Fayad Meneses se adelantó en su tierra con temas estratégicos y, sin saber el desenlace del proceso electoral, abrió canales para dar sentido plural y democrático a su trabajo como gobernador. Hoy tiene puertas abiertas en el concierto nacional.

Ha conseguido una sobresaliente apertura de nuevas fuentes de empleo mediante la fuerte atracción de inversiones en puntos regionales de gran relevancia, entre ellas la zona de Tula-Tepeji, donde la economía regional ha repuntado, a pesar de las adversidades que impone la feroz delincuencia.

Apuró la armonización del sistema estatal de lucha contra la corrupción, adelgazó la burocracia. Junto con el mejoramiento del sistema estatal de salud y los recursos aplicados a seguridad pública, constituyen tres de sus principales ejes emblemáticos sociales y de desarrollo.

Israel Félix y Laman Carranza son dos nombres imprescindibles.

Es inevitable leer 2018 desde la perspectiva política.

A un PRI desgastado, ahora se ve que en franco declive para esta época de viejos líderes, grupos enquistados y cierta cerrazón, supo sacarle el mejor y último provecho, antes del derrumbe del 1 de julio.

Su propia elección, la de sus compañeros diputados locales que ya se fueron y la de los presidentes municipales que lo acompañarán todavía dos años más, no fueron un día de campo.

Un grupo político en específico, el Grupo Universidad o “El Clan Sosa”, que quiere encaminarse desde hace por lo menos veinticinco años a la gubernatura, que había tenido tropiezos e inconvenientes, que se había conformado con pedazos de poder, hoy tiene mayoría en el legislativo y pretende asir la sartén por el mango.

Desde su trinchera en la estatal Universidad Autónoma de Hidalgo ha asumido como bandera principal la confrontación abierta y directa con el gobernador Omar Fayad, a costa de todos los hidalguenses.

No parece preocuparles demasiado a los dueños de esta facción la complejidad de la problemática social, la inseguridad, la descomposición de los núcleos familiares y comunitarios, los riesgos que enfrentan los sectores de la población.

Los hechos violentos protagonizados por las huestes morenistas en la sede del congreso, semanas antes del relevo formal en las curules del legislativo local, mostró la actitud bélica que estará latente alrededor de cada episodio que se va a vivir frente al Ejecutivo.

Habrá que agregar, así mismo, el tono con que vaya a desarrollarse el diálogo con los nuevos legisladores federales, ya iniciadas sus funciones hace unos días.

De seguro tardarán en acomodarse y será hasta el 1 de diciembre cuando muestre sus perfiles el nuevo gobierno, ya en su totalidad, con una mayoría que (muchos tememos) corre siempre el riesgo de volverse mexicanamente incontrolable.

Lo que todos esperamos es que 2019 sea un año bueno para Hidalgo y para México, pues las amenazas que se ciernen no distinguen colores, partidos, religiones ni estratos socioeconómicos.