Por Noe Paredes Meza*
Hace algunas semanas, nos encontramos en este mismo espacio a través de mi columna titulada “Corrupción” donde reconocimos a nuestras autoridades estatales el esfuerzo para combatir este gran problema en el estado a través de una modificación a la Política Estatal Anticorrupción alineada al Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2022 – 2028 y que fue impulsada por nuestro gobernador Julio Menchaca, de la mano de la Secretaría de la Contraloría y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.
Resaltamos también, la importancia de seguir unidos en esta lucha, pues, tristemente, los números no nos favorecen y, en Hidalgo, más del 50% de la población de 18 años y más, encuentra a la corrupción como el tercer problema más importante en la entidad, sólo por debajo del desempleo y la inseguridad.
Recuerdo haber dejado una pregunta como reflexión: ¿Será que este nuevo régimen estatal deje de formar parte de las peores estadísticas en materia de corrupción a nivel nacional?
Ha habido otros esfuerzos públicos importantes como la implementación de diversos sistemas y tecnologías que ya son usados en la federación y que mejoran la eficiencia de la gestión de los recursos públicos.
Además, uno de los datos que me sorprendieron y que estoy confirmando por cuenta propia, es que más del 50% de las y los hidalguenses se muestran con disposición para participar en programas de prevención y combate a la corrupción y son partidarios de organizaciones y perfiles que privilegian la transparencia y la rendición de cuentas.
Sigo y seguiré sin expectativas.
Sin embargo, la semana pasada fuimos testigos de un momento histórico para las y los tulenses y toda la sociedad hidalguense en general, gracias a que la Auditoría Superior del estado de Hidalgo (ASEH) presentó formalmente una denuncia de carácter penal ante la Procuraduría General de Justicia (PGEH) en contra del gobierno municipal de Tula de Allende relacionada con el uso y destino de los recursos extraordinarios por un poco más de 60 millones de pesos recibidos en el año 2021 para mitigar los daños que causó la inundación provocada el 7 de septiembre de ese año a los habitantes de la cabecera municipal y algunas de las comunidades de nuestro municipio.
Merecemos mejores gobiernos y ¡lo estamos logrando!
Pero este cambio no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino que requiere la participación activa y comprometida de nosotros, como ciudadanos, quienes, al denunciar, exigir transparencia y promover una cultura de integridad, nos convertimos en agentes de cambio que desafían y transforman los sistemas y promueven la construcción de instituciones sólidas y confiables
Hidalgo puede consolidarse como un estado comprometido con las causas verdaderamente importantes, no solamente gracias al esfuerzo de nuestras autoridades estatales, quienes hoy, se han puesto del lado de la ciudadanía y la sociedad civil organizada, sino también gracias a las y los ciudadanos valientes y comprometidos que, por fin, estamos trabajando unidos y con determinación en la lucha contra la corrupción.
Me parece que, de seguir este camino, pronto lograremos establecer un vínculo de confianza mutua que nutra y rescate la integridad de las instituciones y fomente nuestra convicción de que juntos podemos transformar nuestra realidad. Esto mismo, representa la esencia y el inicio de la participación ciudadana sin fronteras.
Sigamos trabajando con mayor energía, por la transparencia, por la rendición de cuentas, contra la simulación y contra la corrupción.
Es hora de unir nuestras voces, nuestras acciones y nuestras convicciones en esta lucha.
¡Hoy nos toca y hay que hacerlo bien!
*Director General de Corporativo UNNE y Fundador de Unidos X Tula A. C.
