Por Fernando Ávila Báez
Nuestro oficio no es fácil ni tranquilo. Hay un innegable estado de mala fama pública en el periodismo. Cuando el periodista ataca, se suele pensar que busca la paga; cuando aplaude, se dice que ya lo consiguió: y si ni aplaude ni censura, el agua tibia lo hará perderse en el anonimato… (Francisco Martínez De la vega, 1966)
Todas las sociedades del mundo operan mediante grupos que ejercen diferentes niveles de poder, según los intereses que defienden o que buscan proteger.
De esta manera puede advertirse con claridad la acción de los grupos de poder económico, político, gubernamental, religioso, militar.
Con frecuencia, en las sociedades el poder político busca ejercer control sobre el resto o al menos sobre la mayoría del resto de los grupos, en una interrelación que de hecho les permite a unos y otros legitimarse.
Uno de esos grupos de interés lo constituyen los medios de comunicación de masas, que a su vez abrigan a sus propietarios y a sus trabajadores, entre ellos a los periodistas.
Los medios como fines. El principal papel de los medios de comunicación y de todos los actores involucrados en ellos, que ejercen influencia en la población, es mediar entre el poder gubernamental, que proviene del poder político, y la sociedad abierta.
El desarrollo de los sistemas democráticos y económicos ha ejercido una poderosa influencia sobre los medios de comunicación y no ha sido extraño que les impongan ciertas condiciones para su desenvolvimiento.
Los medios como medios. En los años más recientes, el capital supeditó casi a todos los procesos sociales a la producción de ganancia en dinero y convirtió en mercancía todo cuanto se relaciona con los medios de comunicación, tanto en su interior y como en su exterior.
Los medios de comunicación, especialmente los de grandes proporciones -y con ello los periodistas de mayor presencia en la opinión pública- abandonaron gradualmente su papel de mediadores sociales entre gobernados y gobernantes, para convertirse prioritariamente en objeto de negocios.
Los medios nacieron del lado de la sociedad, para amortiguar los impactos de los actos de gobierno ante el riesgo que ha representado siempre la tentación del autoritarismo.
Algunos grupos de poder político y económico advirtieron a tiempo que -para redondear el control que ejercían, y ejercen, sobre ciertos ámbitos específicos- unos frente al poder institucional, otros frente al poder político, ambos de cara a la sociedad, era necesario contar con un medio de comunicación…o con varios.
Así, no son pocos los casos de mexicanos adinerados, con nichos importantes de poder en determinados ramos productivos (industria, turismo), que han adquirido medios de comunicación para disponer de una vía de interlocución con el gobierno.
De igual manera, así han llegado a tener un canal de respuesta cuando las circunstancias en la opinión pública no le vayan siendo tan favorables.
Algunos medios se aliaron al poder, a cambio de beneficios financieros que incluyeron inversiones de sus dueños en otros ámbitos diferentes.
Los trabajadores de los medios de comunicación aliados al poder encontraron en esa alianza la posibilidad de sacar ventaja financiera, aun manteniendo su actividad preponderante en la comunicación: “periodistas vendidos”.
Como se preveía, sonó fuerte y por un buen rato el escándalo en que se metió el periodista Javier Alatorre de (TV Azteca), en su papel de vocero del poderoso grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, y de sus amplios intereses, para desafiar pública y abiertamente la apuesta gubernamental de reducir la actividad social para aplanar la curva de contagio del COVID-19.
Pero también ha sido a la inversa: medios y periodistas han actuado como verdaderos impulsores de la participación democrática y del cambio en el rumbo del poder, en donde el ciudadano se convierte en el protagonista principal, como fue el caso del encumbramiento de la hoy auto denominada cuatroté.
Prensa y poder. Larga e incómoda es la historia de la relación entre el poder político y los medios de comunicación en México.
De todas sus épocas, el período mejor documentado de la relación entre la prensa y el poder político gubernamental hasta ahora es el de 1960 a 1980, cuando “se daría una relación de connivencia de la cual todavía no podemos desprendernos” (Rodríguez Munguía, Jacinto 2009).
«La prensa mexicana la mayoría de veces ha estado financiada por el gobierno, el control a través del papel por la empresa oficial PIPSA obligaba a las empresas periodísticas a atenuar la crítica. Los bloqueos publicitarios han estado al orden del día y también las prácticas de intimidación como la represión y amenaza a los periodistas. A la prensa mexicana se le intimida en la práctica de ejercer la libre expresión y tiene que practicar una «libertad negociada», esto es concertar con los representantes del gobierno para no actuar en contra de los intereses del presidente o del grupo gobernante para no verse condenada a desaparecer».
También se ejerce como control informativo la presión económica sobre el periodista llamada: «embute», «chayote», que es un pago económico para que se hable bien de los funcionarios públicos o se calle información que incómoda a las autoridades, y ante los bajos salarios de los periodistas es fácil caer en esta tentación para la mayoría de los periodistas.
El proceso de transformación de las relaciones entre la prensa y los políticos mexicanos dieron inicio a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta.
La relación entre los políticos y la prensa mexicana ha cambiado en los últimos 20 años. Factores materiales como el final del monopolio en la producción de papel periódico por parte del Estado, en 1998 e inmateriales como la Reforma Política de 1976-77, el avance de la dimensión electoral de la democracia y la creciente profesionalización de la carrera periodística son los principales motores del cambio en esa relación.
La exigencia ciudadana para que sus representantes políticos le rindan cuentas ha crecido consistentemente en el último cuarto de siglo y una de las entidades que se hacen eco y/o propician este proceso han sido los medios.
La función periodística primigenia, aquella que señala que deben establecerse como contrapoder dentro de una sociedad, no se entendería sin otro proceso simultáneo y largamente anhelado: el empoderamiento democrático de la ciudadanía.
Por primera vez en nuestra historia como nación el poder se comparte. A querer o no los políticos tienen que hacerlo, por mandato entre las tres ramas de gobierno y los órganos autónomos constitucionales, y por instinto de sobrevivencia con la ciudadanía, tornada en opinión pública cuando se habla de los medios. (Fuentes-Berain, Rossana 2001)
Poco a poco se ha ido convirtiendo en parte de la realidad cotidiana en nuestro país el escenario previsto por Sallie Hughes (2006) sobre la posibilidad del surgimiento de una prensa “cívica”, es decir un ejercicio de información y opinión pública, de comunicación “ciudadanizada”.
Algunos periódicos de información general y dirigidos a los grupos de decisión, se convirtieron en protagonistas en momentos electorales clave. Su estructura periodística, su línea editorial y sus características como actores políticos -en el más amplio sentido- fueron usados como impulsores del cambio político y en un espacio para construir la democracia. (Santillán Buelna, José Ramón, 2004).
En México la prensa ha ejercido una importante influencia como factor de cambio político, como se advierte en los procesos electorales de 1988, 2000… y 2018.
Un aspecto curioso de la relación entre el poder y la prensa en México es que cada nuevo líder triunfante que parece en el contexto nacional plantea la existencia misma y los cambios de este vínculo entre gobierno y medios de comunicación como si hubiera nacido al mismo tiempo que su triunfo electoral: pasó con Vicente Fox Quesada en 2000 y está ocurriendo ahora con Andrés Manuel López Obrador.
En mayo de 2019 el gobierno federal mexicano difundió una lista de 41 periodistas y empresas de comunicación que recibieron más de 50 millones de dólares (unos mil 081 millones de pesos) en los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto.
En contraste, y a pesar de haber anunciado con estridencia el cierre de la fuente de apoyos gubernamentales a medios de comunicación, en la realidad sólo se cambió de beneficiarios.
El 13 de abril de 2020, Mathieu Tourliere documentó en el semanario Proceso que el cierre de la llave fue “a medias”, pues aunque redujo drásticamente en 2019 el gasto en ese rubro, 40% menos respecto de lo ejercido por el gobierno anterior en 2018, destinó ahora recursos a medios principalmente locales o que habían sido boicoteados: La Jornada, Milenio, Aristegui Noticias, ContralÍnea, Tabasco Hoy, Por Esto! Reforma, Proceso.
El caso de Hidalgo.
En el estado de Hidalgo la relación entre el poder y la prensa ha seguido más o menos el patrón histórico nacional, empresarios y políticos han impulsado sus propios medios para orientar a la opinión pública local y eventualmente obtener beneficios.
En paralelo con los medios pertenecientes a empresas expandidas provenientes de la capital crecieron decenas de pequeños medios al amparo del beneficio gubernamental (los “medios como medios”) y son muy pocos los medios que existen con auténtica vocación periodística y con sentido crítico (“los medios como fines”).
Por cierto, para unos y otros, la difusión de las actividades institucionales de los gobiernos estatal y municipales es en esta entidad la principal fuente de financiamiento para la subsistencia, lo que ha favorecido por décadas una relación sana que va de la publicidad y la información a la crítica en un tránsito fluido, sin excesos en ninguna de las partes.
La entidad tiene en el poderoso Grupo Universidad que lidera el cuestionado presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Gerardo Sosa Castelán su más claro ejemplo de intereses en juego.
Para tener un brazo de diálogo público, a modo de contrapeso, con crítica de todos los grados posibles para asumirse interlocutor válido frente a poder público, frente al poder político y frente al poder económico, sostiene el diario El Independiente.
El triunfo de la denominada cuarta transformación a nivel federal, y la consecuente victoria electoral que dio el poderoso “efecto López Obrador” a los envalentonados actuales diputados locales hidalguenses, llevó al congreso por iniciativa del diputado por Tula Ricardo Raúl Baptista González, a reducir drásticamente el presupuesto gubernamental para apoyo a medios, lo que ha representado un serio peligro de estrangulamiento.
En conclusión, el cambio de régimen no ha significado necesariamente un cambio más que de actores, sujetos a los mismos mecanismos de poder del régimen desplazado, todavía no muerto ni erradicado.
Los anteriores tenían a sus inversionistas, a sus empresarios, a sus medios de comunicación, a sus periodistas y a sus grupos delincuenciales preferidos.
Los actuales tienen los suyos.
El periodismo dejó de ser una respetable tarea que en la guerra y en las disputas políticas se mantenía a salvo, y conservaba la posibilidad de realizar investigaciones serias para exhibir abusos de poder o actos de corrupción en prejuicio de la sociedad. Hoy es una de las profesiones más peligrosas para ejercer en el país, especialmente en algunas de sus entidades federativas, no en Hidalgo -por fortuna.
