Detecta Contraloría “hueco” por 132 mdp en alcaldía de Tula

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*Dependencia señala irregularidades en 141 obras en el municipio 

Recursos por comprobar que ascienden a 132 millones de pesos (mdp), así como las existencias de 141 obras que no cuentan con acta-recepción desde el ejercicio fiscal 2016 al 2022, fueron algunas de las irregularidades que detectó la Secretaría de la Contraloría del gobierno de Hidalgo, en la alcaldía de Tula de Allende. 

El personal de la dependencia, encabezada por Álvaro Bardales Ramírez, informó que a partir de septiembre de 2022, la Contraloría atendió seis denuncias ciudadanas por anomalías detectadas en la ejecución de obra pública, por lo que Tula de Allende fue reportado como uno de los municipios con más quejas.

La dependencia informó que en el ejercicio 2023, se tiene contemplada la ejecución de 26 obras en Tula,  con una inversión de 38 millones de pesos, de los cuales 14.3 millones de pesos fueron comprometidos a través de ocho contratos, y solo uno ya cuenta con acta de entrega-recepción. 

“De febrero de 2023 a la fecha, el municipio dejó de dar seguimiento a los trabajos de obra pública, por lo que la administración actual se enfocará en los trámites administrativos para validar los expedientes de obra”, comunicó la Contraloría.

En tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene observaciones pendientes por más de 6 millones de pesos por solventar de los ejercicios 2017 y 2018. Lo que podría implicar el inicio de procedimientos de responsabilidades administrativas a los funcionarios omisos, para posteriormente establecer responsabilidades a quienes se encuentren involucrados en malos manejos.

En 2017, se contempló la construcción de módulos para cocina, aula de educación artística, mejoramiento de aula de cómputo de la escuela primaria «Venustiano Carranza», misma que fue terminada; sin embargo, se encuentra sin operar, por lo que no se acreditó su entrega recepción, dejando un monto por solventar de 3.25 millones de pesos. 

En 2018, se registra un monto por solventar de 3.25 millones de pesos, recursos no devengados al 31 de diciembre de ese año, que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación, por obras que no beneficiaron a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema.