México había sido el único país en donde no se había tocado a la estructura del poder para sancionar a los funcionarios relacionados con los actos de corrupción que operó en diversas naciones de América Latina la petrolera brasileña Odebrecht y con los que obtuvo ventajosos contratos millonarios (se estima que el total del dinero defraudado asciende a 280 millones de dólares).
Emilio Ricardo Lozoya Austin, de 45 años, quien fuera director general de Petróleos Mexicanos de 2012 a 2016, y estaba prófugo desde mayo de 2019, fue detenido por la Policía Nacional española en las inmediaciones de una urbanización de lujo en Málaga.
La captura, que se había complicado por el alto poder adquisitivo y la amplia red de contactos que sostiene el personaje, se concretó finalmente, tras nueve meses de investigación.
Las autoridades de México alistan el plan de extradición, presentarán ante la audiencia nacional el procedimiento que justifique la reclamación del acusado para que sea juzgado en nuestro país. El proceso podría durar hasta cuatro meses.
Emilio Lozoya Austin es considerado en México el personaje más representativo de la corrupción en el viejo régimen.
Es acusado de haber participado en la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Fertinal, y de recibir sobornos de Odebrecht entre 2012 y 2013, a cambio de utilizar su puesto en el gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto para otorgarle contratos de obra pública.
Documentos obtenidos por el diario brasileño O Globo revelaron en 2017 que Emilio Lozoya habría recibido 10 millones de dólares para ganar la licitación de 115 millones de dólares en la refinería de Tula.
Luis Alberto De Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, declaró que comenzó a hacer los pagos en 2012, Lozoya Austin aun era uno de los integrantes del comité de campaña de Enrique Peña Nieto, y se extendieron hasta el 2014.
La Constructora Norberto Odebrecht ha sido una de las empresas que más daño causó a Petróleos Mexicanos, por su sobre costo y por su mal desempeño.
Por actuar con dolo bajo el contrato que le fue otorgado el 15 de febrero de 2014 en la refinería “Miguel Hidalgo”, la empresa fue amonestada dos veces.
La primera amonestación se le aplicó en febrero de 2018, todavía en la administración de Peña Nieto, y la segunda en abril de 2019, ya por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la que quedó inhabilitada la empresa para concursar por contratos públicos hasta 2022.
Sin embargo, Odebrecht no fue multada: la Secretaría de la Función Pública no pudo imponer ninguna amonestación económica por razones legales, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación estima que, sólo por ese contrato, Odebrecht causó daño al Estado mexicano por mil 191 millones de pesos, al mentir sobre los costos unitarios, baja calidad en los materiales e insumos, pagos indebidos en la adquisición de herramienta y equipo de seguridad.
UN MAL CONTRATO *
En 2014, las autoridades brasileñas empezaron a investigar a las empresas vinculadas a Marcelo Bahía Odebrecht por haber participado en Lava Jato, la más sofisticada trama de sobornos en la historia de América Latina en la última década, que incluyó campañas electorales y Gobiernos para hacerse de contratos.
Descubierta la operación en Brasil, ex directivos del consorcio admitieron atestiguar a cambio de penas menores. Los testimonios confluyeron: tuvieron a disposición una bolsa de 800 millones de dólares para sobornar a “hombres clave” en una docena de países de Latinoamérica. Cuando habló Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, quien fuera Jefe del sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el 22 de noviembre de 2016, el caso tocó a México. El hombre, bajo juramento, dijo que la refinería en Tula, Hidalgo, había sido obtenida a través de “propinas”.
Por otra parte, también el contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 por mil 436 millones de pesos para “acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo”, habría sido otorgado mediante sobornos.
Pero no fue por ello que la SFP sancionó a Constructora Norberto Oderbrecht; sino por una serie de mentiras y maquillajes a la hora de ejercer el trabajo asignado.
Según datos de la ASF, la petrolera subcontrató los trabajos sin justificar con estudios de mercado los precios pagados al final. La subcontratación incrementó las cantidades de obra que se habían incluido en el catálogo del contrato; sobre todo en el tratamiento de material contaminado.
*(Información de sinembargo.mx)
