A medida que las economías nacionales y regionales resienten los efectos de la depresión económica global -que los especialistas insisten en presentarnos como casos aislados -aun después de la crisis griega de 2015 que impactó a Europa y a todo el mundo-, los problemas por país y por continente se han acentuado.
Uno de ellos es el fenómeno migratorio, que en México ha cumplido setenta años, luego de que en agosto de 1942, previo intercambio de notas diplomáticas entre los dos países, la union Americana demandó (bajo el programa denominado “Bracero”) mano de obra durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente para labores agrícolas, cuya prosperidad se alcanzó en 1964, cuando trabajadores mexicanos habían convertido ya las tierras desérticas del suroeste de Estados Unidos en las más productivas del mundo.
Durante 22 años, entraron a Estados Unidos unos cuatro millones de trabajadores mexicanos. Lamentablemente, los principales efectos para los trabajadores que se acogieron al programa binacional de trabajadores huéspedes que fueron la explotación laboral, violación de derechos humanos, sueldos bajos, alojamiento inadecuado y practicas discriminatorias. Técnicamente «una esclavitud legalizada».
Desde entonces y hasta nuestros días, el flujo migratorio mexicano hacia el país del norte no ha cesado: a partir de la década de 1980, tiene lugar uno de los más grandes movimientos migratorios, principalmente compuesto por emigrantes de México y de diversos países latinoamericanos. Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador expulsan a miles, a consecuencia de la fuerte crisis económica que afecto a la región.
Otro aspecto relevante que contribuyó a la explosión del flujo migratorio fueron las dictaduras militares en el cono sur, las guerras civiles en tres naciones centroamericanas, la lucha colombiana contra el narcotráfico, las guerrillas y otros grupos irregulares, el terrorismo y la guerrilla en Perú.
Pero si la travesía por el desierto o el cruce del río representa peligros y en muchos casos la muerte para cientos de mexicanos que emprenden la aventura de buscar el sueño americano, para los indocumentados centroamericanos aún hay una prueba más difícil: cruzar el territorio mexicano.
Cientos de ellos, en su travesía por México, hacen pie durante semanas o meses en tierra del Estado de Hidalgo en donde muchos de ellos (guatemaltecos, hondureños, salvadoreños) se han quedado a hacer vida, sin posibilidad de ejercer ningún derecho.
La crisis económica, traducida en falta de empleos, y el crecimiento de la delincuencia, que pone a diario en peligro de muerte a familias enteras, son los factores principales que impulsan a los indocumentados centroamericanos a enfrentar la violencia, asaltos, violaciones, secuestros y torturas, a las que son sometidos en territorio nacional.
La masacre en contra de 72 migrantes norteamericanos en San Fernando Tamaulipas en 2010, y la localización de fosas con restos de migrantes en 20111 y 2012 siguen siendo los casos más dramáticos de esta realidad.
Aunque se ha documentado una sensible disminución de casi 60 por ciento (2008 a 2012, en comparación con 2003 a 2007) en el flujo migratorio centroamericano y mexicano hacia los Estados Unidos, el fenómeno continúa en nuestra realidad.
Muchos grupos de protección a migrantes centroamericanos en su paso por México hacia Estados Unidos, principalmente impulsados por la iglesia católica, grupos religiosos y organizaciones altruistas, operan desde 1996 y ha sido desde 2005 cuando ha mejorado la situación de los migrantes pasajeros.
En Hidalgo, ha cobrado relevancia la Casa del Migrante “El Buen Samaritano”, ubicada en Bojay, municipio de Atitalaquia, que ha merecido reconocimientos por su defensa de los derechos humanos, y en donde llegan cada vez menos indocumentados a recibir atención.
Esto, a causa de las medidas gubernamentales mexicanas que han desalentado el transporte de centroamericanos en el tren conocido como La Bestia, de la que muchos han muerto o han quedado mutiladas al caer; hasta seis mil personas han dejado de viajar en ese tren.
Y es que la urgencia de tomar medidas para inhibir el paso por México de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos cobró niveles de alarma cuando se disparó el número de niños indocumentados detenidos en la frontera norte, que alcanzó en 2015 unos 70 mil menores.
Hoy, mientras continúa el proceso de votaciones internas para la postulación de candidatos hacia la Casa Blanca en Estados Unidos, dos fantasmas se ciernen sobre el proceso electoral paa suceder en la Presidencia a Barack Obama, cuyo gobierno ha deportado al menos a unos dos millones de indocumentados.
Por un lado, la radicalización de la postura antiinmigrante, que ha despertado muchas simpatías, y por otra parte, el sentido que puede tener el voto de origen latino en las elecciones presidenciales de noviembre próximo, 2016.
Esto, mientras el gobierno norteamericano avanza para concretar la reanudación histórica de relaciones diplomáticas y económicas con Cuba, uno de sus rivales históricos.
