Desde hace por lo menos dos décadas se ha desatado en México una ola de violencia que ha cobrado miles de víctimas, muchas de ellas inocentes.
Se estima que en el país se cometen casi 40 millones de delitos al año, 99% de los cuales no son castigados, y más del 60% de la población considera al país inseguro.
Todos coincidimos en que se trata de un fenómeno multifactorial que ha crecido sin control y que se ha instalado en la vida cotidiana de los mexicanos hasta hacernos creer, casi, que vivir al filo del peligro es lo normal.
Ante eso, el gobierno federal, que inició gestiones el 1 de diciembre de 2018, planteó desde su inicio la creación formal de la guardia nacional. Una figura que, por cierto, ya estaba en la letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que este mes ha cumplido 102 años de haber sido promulgada.
Después de muchos debates, centrados principalmente en la delgada línea divisoria entre el carácter civil del mando y las reglas militares para sus integrantes, el jueves 21 de febrero el Senado de la República aprobó por unanimidad histórica la creación de la guardia nacional.
Finalmente, los legisladores de la cámara alta se sumaron para concretar una de las principales urgencias del país, para meter al orden a la delincuencia que, organizada o no, está desatada sin control por todas partes, en donde uno de cada cien mexicanos tiene un arma de manera ilícita: hay por lo menos 13 millones de armas ilegales, pues.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de acuerdo con el artículo 72 tiene la facultad de vetar la ley y cuenta con 10 días para hacer observaciones y enviarlas a la cara de origen, se dijo satisfecho por el apoyo unánime y reconoció el desempeño de los legisladores.
El proceso fue largo, intenso: los legisladores desarrollaron audiencias públicas con la participación de 13 gobernadores, 15 presidentes municipales y 45 representantes de organismos empresariales y de la sociedad civil.
El Senado eliminó la facultad del Congreso de la Unión para desparecer la Guardia Nacional con mayoría calificada.
Con las modificaciones, adiciones y derogaciones, la guardia civil estará conformada por la policía militar, la policía naval y la policía federal.
Ahora en el artículo 21 de la carta magna se establece que “la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública y que se guiará por una doctrina policial fundada en el respeto a los derechos humanos.
Cabe destacar que la Guardia Nacional no sustituye a las policías municipales ni a las policías estatales.
Los gobernadores tienen 180 días para enviar el diagnóstico del estado de sus policías local y municipales, y son responsables de capacitar a la policía estatal.
Previo a la aprobación de la guardia nacional, a principal crítica se centró en el temor de los opositores al proyecto por la supuesta “militarización” del país, respecto a que los soldados no deben ni estar en las calles ni cumplir tareas de seguridad pública.
Los más conciliadores, entre ellos los gobernadores del PRI, entre ellos el de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, aceptaron el apoyo de las fuerzas armadas a las tareas policiales, debido a la necesidad de abatir los índices de delincuencia.
Otros, en esa misma corriente, acotaron estar de acuerdo, siempre y cuando hubiera un término específico para que las fuerzas armadas regresaran a sus cuarteles.
Ese término quedó asentado, finalmente, en un artículo transitorio de la ley, que fija un período de cinco años para cumplir con la tarea de arranque de la guardia nacional y regresar a los cuarteles.
La oposición al proyecto se fue desarticulando en la medida en que se mezclaron frente a los ojos del país entero dos ángulos sobresalientes relacionados con el ejército y la marina: las fuerzas armadas tienen como cultura de la lealtad no rebasar ni cuestionar el mando civil del presidente, jefe supremo de las fuerzas armadas, como lo indica la constitución mexicana.
Y, por otra parte, los secretarios de las dependencias gubernamentales involucradas en la guardia nacional insistieron en que se suman sin condiciones a ese mando y a la tarea institucional de pacificar al país.
Para corresponder a la postura de apoyo de las fuerzas castrenses, el presidente ha comprometido recursos provenientes de acciones gubernamentales relacionadas con la transparencia y con la austeridad republicana, como la subasta de unidades vehiculares oficiales en la base aérea de Santa Lucía, para financiar la guardia nacional.
En defensa del proyecto para la creación de la guardia nacional se dijo que se trataba de un esfuerzo para dar marco legal a una acción que ya se viene realizando desde hace algunos años, que es la presencia del ejército en las calles, cumpliendo precisamente tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia.
La iniciativa privada, a través de diferentes órganos cupulares de representación de los empresarios, manifestó que será indispensable que el nuevo cuerpo de seguridad del país capacite a su vez a las corporaciones ocales, en los municipios y en los estados.
Al conocer de la aprobación senatorial de la iniciativa, que volvió a la cámara de diputados para su discusión, el consejo coordinador empresarial destacó el diálogo y el consenso que hizo posible la aprobación en la cámara alta.
Por su lado, aunque algunos obispos como el de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, rechazaron la militarización de la guardia nacional, la postura oficial de la Conferencia de Episcopado Mexicano, a través del arzobispo de la arquidiócesis de Morelia, Carlos Garfias Merlos, su vicepresidente, se declaró a favor del proyecto presidencial.
¿Qué sigue? La cámara de diputados aprobó ya por mayoría absoluta los cambios hechos por el Senado, ahora el proyecto se enviará a los congresos estatales.
La aprobación de 18 de los 32 congresos de los estados del país es suficiente para que la ley se envíe al presidente, que éste firme el decreto y que se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Ganó, pues, el interés de la nación. Y aunque todavía el congreso deberá aprobar las leyes reglamentarias sobre el Uso de la Fuerza, sobre el Registro Nacional de Detenciones y la propia Ley de la Guardia Nacional, la cuarta transformación está en marcha y los mexicanos deseamos profundamente, cuanto antes, volver a vivir en paz.
