Por Fernando Ávila Báez
Hoy 7 de junio, como desde 1951, se conmemora en México el Día de la Libertad de Expresión.
Es el día de los periodistas mexicanos, entre cuyas filas ha habido comunicadores de todos los estilos, de todos los niveles… y muchas víctimas.
El miércoles 30 de mayo de 1984 fue asesinado de cuatro balazos a quemarropa por la espalda al salir de su oficina el periodista Manuel Buendía Téllezgirón en la Ciudad de México.
El autor de la columna Red Privada, publicada por 26 años en el periódico Excélsior de la Ciudad de México, fue el periodista de mayor influencia en la segunda mitad del siglo XX.
Buendía estaba próximo a publicar un artículo sobre las conexiones del narcotráfico con políticos, en especial del hidalguense de Zimapán José Antonio Zorrilla Pérez, jefe de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, prominentes productores y vendedores de mariguana, con sede en Guadalajara, que vieron crecer como nunca sus exportaciones a Estados Unidos.
En dos columnas anteriores Manuel Buendía hacía eco de una denuncia realizada por obispos católicos mexicanos, donde hacían notar la penetración del narcotráfico en las estructuras de poder en México.
El entonces jefe de la policía política mexicana en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, fue detenido el 13 de junio de 1989 en plena campaña como candidato del PRI a diputado federal por el distrito de Pachuca, fue enjuiciado y condenado a 35 años de cárcel como autor intelectual del crimen contra el periodista Manuel Buendía.
35 años después de este atentado contra la libertad de expresión, considerado el primer narco crimen en México, la prensa vive hoy una muy severa crisis en su relación con el gobierno.
Bajo las nuevas condiciones impuestas por el régimen de la cuarta transformación, a los periodistas se les ha situado en el mismo banquillo en que ahora se encuentran los funcionarios públicos más corruptos de los regímenes anteriores, marcados por el neoliberalismo económico, y están sometidos -de igual a igual- a la crítica y a la descalificación más recalcitrante, como nunca en la historia.
Se comenzó por ventilar una lista de 36 comunicadores de medios nacionales que recibieron dinero, mediante contratos por servicios publicitarios para la difusión de la imagen del gobierno, y se subrayó que ese dinero era la paga por defender la imagen de los funcionarios públicos en espacios informativos y de opinión, como si se tratara de comprar el pensamiento, la palabra y el juicio a favor.
De acuerdo con el documento publicado en exclusiva por el diario Reforma y retomado por otros espacios, en total los 36 comunicadores recibieron recursos públicos por concepto de publicidad y comunicación social por un total de 1,081 millones 715,991 pesos, de 2013 a 2018
El argumento original del que partió el desencadenamiento de la difusión de la lista fue la principal bandera del gobierno de la Cuarta Transformación: su lucha contra la corrupción y por la austeridad republicana.
El fenómeno ha impactado negativamente al gremio de la comunicación en Hidalgo. La actual legislatura del Congreso del estado, que coordina el diputado tulense Ricardo Baptista González, dispuso una severa reducción de los recursos financieros del ejecutivo, destinados a la difusión de actividades institucionales.
Con ello, medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales quedan en la incertidumbre por el riesgo de perder una de sus principales fuentes de ingreso, que permite a los medios la subsistencia y que paga por espacios y no impone ni induce líneas editoriales.
Con los primeros resultados favorables, pero envuelto en un clima de extremadísima violencia, que cobró la forma de ataques directos de grupos de civiles armados a cuerpos de seguridad, incluidos el ejército y la marina, el gobierno mexicano se apresta a abrir otro frente en la limpieza y el orden que tratará de imponer a la industria eléctrica nacional.
El presidente de México y las vértebras de la 4T continúan su viaje ascendente en las preferencias y en el respaldo por parte de una mayoría popular que se solaza con las medidas y con los propósitos del gobierno; pero que, en sus métodos, ha perjudicado a un sector imprescindible en el sistema nervioso de todo régimen democrático: el periodismo.
