Por: Jacob Lubbers Estrada
Este artículo, por más corto que sea, es difícil de escribir por lo controversial que es el tema que estamos por abordar y que ya se está debatiendo en varios países europeos y en EE.UU.
¿Vacunarse debe ser una opción o una obligación?
Si bien hoy día sabemos que el COVID-19 no es peligroso para la gran mayoría, sigue siendo una amenaza para grupos más vulnerables, como gente obesa, con otras enfermedades (comorbilidades) o adultos mayores.
Después de tan solo unos meses de haberse iniciado la pandemia, se desarrollaron diferentes vacunas que habían sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y casi todos los respectivos organismos nacionales.
Los países europeos fueron de los más rápidos en comenzar a vacunar a su población, y por ello, ahora más de dos terceras partes de la población de la Unión Europea cuenta con un esquema de vacunación completo.
No obstante, recientemente hemos visto que en naciones como Países Bajos y Alemania se han vuelto a inundar las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) de personas (a pesar de haberse vacunado) infectadas con COVID-19.
¿Qué solución plantean la Unión Europea y sus miembros ante este problema? Lo que proponen es obligar a sus ciudadanos a vacunarse: imponer medidas coercitivas (como el requerimiento de certificados de vacunación hasta para trabajar) y ahora – en Austria – se está discutiendo si se debería de aplicar la vacuna de forma obligatoria…
Quien no se la ponga, debería de recibir una multa de 3,600 euros y, si posteriormente no se paga esa multa, el individuo no-vacunado será encarcelado.
Sin embargo, imponer la vacuna anti-coronavirus es un error garrafal que no tiene sentido ni científico ni político-jurídico.
Si bien las vacunas son eficaces (al menos en el corto y mediano plazo) en reducir la tasa de mortalidad para aquellos que pertenecen a grupos vulnerables, no es así para gente que no está en categorías de riesgo.
Por ejemplo, la probabilidad de que un hombre sano (sin obesidad ni otras comorbilidades) de 40 años que no cuenta con una vacuna se muera a causa del coronavirus, sigue siendo menor al 1%.
Claro que puede haber excepciones, pero los datos afortunadamente demuestran que grosso modo esa es la realidad.
Además, los vacunados al igual que los que no han sido vacunados, se pueden infectar y contagiar a los demás, por lo cual es una falacia decir que ponerse la vacuna es un acto de solidaridad con tu comunidad.
Asimismo, hay diferentes razones políticas y jurídicas por las cuales la vacunación debe ser una decisión estrictamente personal.
Primeramente, si el Estado decide que la vacuna anti-COVID-19 es obligatoria, perdemos el principio de autonomía, el cual establece que cada uno de nosotros tenemos derecho a tomar decisiones libremente sobre diferentes temas, entre ellos, los asuntos médicos.
Permitir que el Estado imponga una vacuna en este contexto (aprobación por el estado de emergencia en el que estábamos y ya que los estudios no fueron tan longevos no se sabe a ciencia cierta cuáles son sus consecuencias a largo plazo) establece un precedente riesgoso que legitimaría en un futuro mayor intervención del Estado en la vida personal de sus ciudadanos.
En segundo lugar, es un acto políticamente muy cobarde y fácil echarle la culpa a los que no se han vacunado por la crisis del sistema de salud pública que en realidad los gobiernos europeos causaron con sus recortes y políticas neoliberales que redujeron la capacidad instalada.
Además, forzar (directa o indirectamente) a la gente a ponerse la vacuna es un acto autoritario, ya que el individuo no tendría autodeterminación sobre su propio cuerpo.
Finalmente, el coronavirus ha demostrado que ha llegado para quedarse, y las vacunas sirven para proteger solamente a los que verdaderamente se encuentran en una situación de vejez o salud muy delicada.
Por ello, lo único que les queda a los gobiernos es invertir masivamente en sus respectivos sistemas de salud para incrementar la capacidad instalada, implementar políticas públicas que hagan más conscientes a los ciudadanos de llevar una vida saludable, y finalmente, vacunar (voluntariamente) con dosis adicionales a los grupos más vulnerables.
Quiero finalizar diciendo que no soy un anti-vacunas. Como ya he dicho varias veces, son eficaces para proteger a los que verdaderamente necesitan protegerse del COVID-19.
Sin embargo, la realidad es que a la gran mayoría no le pasa nada si se contagia. Por ello, y por el riesgo que implicaría para las libertades individuales, sería un error establecer en México un régimen de vacunación involuntario.
Hace bien el gobierno de López Obrador en ofrecer las vacunas de manera voluntaria en vez de imponerla, y a la vez, incrementar la capacidad del sistema de salud nacional. Los gobernantes europeos podrían aprender del tremendo respeto que se le tiene a las libertades en el México de la 4T.
