Por: José Antonio Vargas Olmedo*
La iniciativa aprobada en San Lázaro podría ser un logro o un paso en falso para la juventud de la nación mexicana.
La reciente reforma a los artículos 55 y 91 de la Constitución, que modifica uno de los requisitos para la participación en los procesos de elección popular, considerando que los jóvenes con 18 años cumplidos podrán participar en las próximas elecciones para ser Diputados Federales, además, de dar la posibilidad de aspirar a ser secretarios de Estado con la edad mínima que pasa a solo 25 años, podría representar un punto a reconsiderar.
Según datos del INEGI más del 30% de la población mexicana tiene menos de 19 años; esto es, sin duda, un factor importante que da pie a la intervención de los jóvenes con el interés en el desarrollo democrático nacional y ocupación de cargos de elección popular.
Con esta reforma se busca una mayor participación de los jóvenes, debido que por años han sido menos preciados por sus condiciones naturales de edad.
Nuestra nación con esta reforma busca de manera estrepitosa estar a la vanguardia internacional en los derechos político-electorales para sus conciudadanos.
Por citar algunos ejemplos, en Noruega destaca Maren Grothe, la legisladora más joven en la historia de este país nórdico, que cuenta con apenas 20 años de edad.
Para el caso de España está Marta Rosique con apenas 26 años de edad. Yendo hacia América Latina, se tuvo como legisladora en su natal Chile a Camila Vallejo (hoy ministra general de Gobierno), quien fuera diputada por primera vez en el 2014 contando con 26 años de edad.
Ahora bien, aquí vienen las preguntas:
¿En México, se cuenta con el nivel educativo que forje jóvenes con perfiles capaces de tener una visión progresista en un ámbito social, político, económico?
¿En la actualidad, se logró erradicar el estigma de la juventud de concebir a los cargos de representación popular y al servidor público como instrumento de poder personal?
Antes de una reforma en un país, se tiene que analizar, prever, solventar y trabajar en los rubros necesarios para que los jóvenes puedan involucrarse desde pequeños a las tareas democráticas de su comunidad, de su municipio, estado y país.
Para con ello conocer las verdaderas demandas de la sociedad, creando congresos infantiles y de jóvenes de manera consuetudinaria, en las entidades federativas, incentivando esta participación también desde la academia y las aulas escolares.
Podemos concluir que esta ley se encuentra a la vanguardia democrática, político-electoral a nivel internacional; sin embargo, el nivel educativo y los vicios del sistema de partidos pueden tergiversar el origen de esta noble ley. Hoy en día los partidos a través de sus estatutos determinan a sus candidatos, cada uno de forma diferente.
Esperemos que esta disposición legislativa, no sea mal utilizada por los grupos en el poder que se encuentren en los distintos partidos políticos, beneficiando con candidaturas a familiares o amigos cercanos a las dirigencias partidistas y después encontremos a pequeños dinosaurios en los escaños con las artimañas de los grandes en el poder.
