Mujer y Poder: De la Liberación al Empoderamiento.
Por: Fernando Ávila Báez.
Se acerca 2018, poco más de treinta días nos separan de un nuevo período anual que estará marcado por sucesos trascendentes, previstos en la agenda pública mexicana, y por otros muchos eventos sorpresivos, seguramente.
El proceso electoral para elegir Presidente de la República, senadores y diputados federales, dentro de una normatividad con ciertas novedades, entre ellas que no habrá más plurinominales, está en marcha.
Hombres, mujeres y jóvenes de uno y otro género, de la clase política, se aprestan a competir primero dentro de sus partidos y después de cara a la sociedad, por un cargo de elección popular.
En 30 entidades habrá procesos locales, entre ellas el estado de Hidalgo que renovará su Congreso y sus 7 diputaciones federales.
Uno de los cuatro secretarios del gabinete presidencial, militante o ciudadano afín, el que podría ser postulado por el PRI a la Presidencia, deberá retirarse del cargo seis meses antes de la fecha de las elecciones, es decir a más tardar el 31 de diciembre de este 2017, considerando que la elección se llevará a cabo el 1 de julio del 2018.
En semejante caso están algunos hombres y algunas mujeres que podrían recibir una estafeta y que al momento desempeñan un cargo público.
Para los candidatos a diputados o senadores se estipula que deberán separarse definitivamente de sus funciones como servidores públicos 90 días antes del día de la elección, estos tienen hasta el último día de marzo de 2018.
La edad mínima será de 25 años cumplidos para senador y 21 años para diputado. La ley electoral, sin embargo, no restringe a los servidores públicos para participar como precandidatos en los procesos internos de los partidos.
Igual como sucedió en la elección anterior, los partidos que no prepararon mujeres, que les cerraba el paso a mejores posiciones, que no les dio acceso a ganar experiencia, tendrá que reclutar a prisas a mujeres que, seguramente tienen capacidad, pero que no han tenido muchas oportunidades de demostrarla.
Las elecciones de 2016 en México estuvieron marcadas por una tendencia rara: obligados por la ley que se hizo necesaria a aplicar la paridad en todos los niveles de elección, los partidos postularon a unas mil mujeres, entre propietarias y suplentes.
Ellas tuvieron que enfrentar y superar a sus propias dirigencias partidistas, a sus compañeros, y a sectores bien definidos dentro de la clase política local.
“Las condiciones de discriminación hacia la mujer en la vida política han sido históricas y a pesar de que poco a poco había crecido la presencia femenina en los congresos, al paso que iba, esa igualdad aún tardaría mucho en llegar”, escribe Roy Campos.
Los partidos lo hicieron dolosamente, al registrarlas en municipios o distritos en donde los triunfos no eran seguros, aun a pesar de que en 2015 (primera vez que se aplicó el principio de paridad de género en un proceso electoral federal) una buena parte, al menos 43, que fueron postuladas en distritos perdedores, ganaron.
En el estado de Hidalgo, la paridad ejercida en la postulación de candidaturas motivó una reacción adversa entre los simpatizantes del PRI, que “castigaron” con derrotas del tricolor en los municipios donde (se lamentaban) “tocó mujer”.
En cambio, esto favoreció a las candidatas del PAN, como fueron los casos de Pachuca y Atitalaquia, caso curioso éste, en donde la disputa PRI-PAN, que finalmente se impuso, fue entre mujeres.
Desde luego que la institucionalización de la perspectiva de género ha ganado terreno, comenzando por la participación político partidista y electoral de las mujeres: hacia 2003, de los 84 alcaldes de la entidad, apenas 5 (el 6%) eran mujeres; reflejo de que en el país, de un total de 2456 alcaldías y delegaciones, apenas 4.4.% fueron encabezados por mujeres.
“Con referencia a otras autoridades del ámbito municipal en México, según información disponible en el Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) hasta junio de 2002, de un total de 1 813 síndicos en el país, 123 son mujeres, es decir, 6.9%. Por su parte, las regidoras representan 18.9% del total nacional”, observa Ana María Güemez Perera en una investigación.
En México, para 2018, y en todas las elecciones para renovar el Congreso federal o de un estado, cada partido o coalición debe postular la mitad de las candidaturas a cada sexo; para evitar el “efecto juanita”, el suplente de cada candidato deberá ser del mismo sexo que el titular, así si hay una renuncia no se altera la equidad en los congresos.
Estas medidas no nos aseguran la total igualdad en la conformación final, pero sí en las oportunidades de competir, opina Campos.
